Diputados mexicanos inician trabajos sobre legalización de casinos

"Es necesario sustituir a la actual ley que ya perdió vigencia porque data de 1947 y porque se presta a que no se aplique la ley en contra de las personas que se dedican al juego con apuestas y que operen en absoluta impunidad", comentó.

El legislador del Partido Socialdemócrata (PSD), consideró necesario que México tenga una ley de juegos y sorteos que se rija bajo un marco jurídico moderno, transparente y con reglas claras que den certidumbre a la población, además, de que combata la corrupción e impunidad imperante en el sector.

Señaló que desde hace diez años las anteriores legislaturas, en el Congreso de la Unión, han intentado modificar y actualizar dicha ley pero no lo han logrado. "Es el momento propicio para que la LX Legislatura dé el visto bueno a una ley que ya es obsoleta", añadió.

Al señalar que la Subcomisión de Juegos y Sorteos trabaja en la última etapa para la elaboración del dictamen, y a su vez éste suba al pleno para la votación de los 500 diputados que integran la LX legislatura, García Méndez afirmó que la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos se regirá bajo un marco jurídico actual, transparente y con reglas claras que darán certidumbre jurídica a los jugadores y apostadores e impedirá la corrupción e impunidad imperante en este sector.

Actualmente existe simulación y discrecionalidad en la aplicación de las normas y en la emisión de permisos por la autoridad, propiciando que la industria del juego permanezca en manos irresponsables que no dan a este sector sentido social o certidumbre jurídica, y mucho menos beneficios a la población.

Indicó que uno de los problemas que aquejan a la sociedad en este y otros rubros es el de la corrupción y la impunidad es que todos los permisos regulados por esta ley se sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como a las disposiciones que en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitan la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y demás autoridades competentes.