Edición Latinoamérica
10 de Agosto de 2020

El Mincetur pide que se respete decisión del Tribunal Constitucional

Perú: aseguran que la Corte Suprema no debe fallar a favor de casinos informales

(Perú).- La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, advirtió la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia quiebre la seguridad jurídica del país y vaya en dirección opuesta a lo aprobado por el Tribunal Constitucional (TC), que ratificó dos años atrás a Mincetur como la entidad que debe regular y fiscalizar a las casas de juego y tragamonedas.

Y

es que la Corte Suprema estaría por votar una resolución judicial que de aprobarse, en opinión de la ministra Aráoz, se volvería a la etapa ya superada de las acciones de amparo usadas por las casas de juego que impidieron que el Mincetur realice acciones de fiscalización, control y la exigencia de pago de impuestos.

Lo curioso del caso es que existen tres votos a favor y tres votos en contra sobre el tema y la Corte Suprema designó a un vocal dirimente.

De ser confirmada la acción de amparo, sería la primera de varias que están en consulta ante la Corte Suprema acerca del mismo asunto.

Aráoz incide en que la seguridad jurídica está en peligro porque no es posible que se intente revisar una decisión del Tribunal Constitucional que sobre el tema tuvo una votación unánime.

"Creo que de alguna manera hay una lucha de poderes, y ojalá no haya nada de corrupción. No lo puedo decir a ciencia cierta, pero lo que sí debemos es respetar a las instituciones y, en este caso, a los siete vocales del TC que votaron a favor de la legalidad".

Pero su preocupación va más allá y reiteró que si el voto dirimente valida las inconstitucionales acciones de amparo, provocará competencia desleal en el sector de casinos y tragamonedas, lo cual resquebrajaría la seguridad jurídica.

Respecto a las siete acciones de amparo que se encuentran en la Corte Suprema, el director de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, Manuel San Román, mencionó que después de que la norma entró en vigencia el 24 de diciembre del 2006 transcurrieron tres meses para que empezaran las nuevas tácticas de algunos inversionistas para volver a la informalidad y desbaratar toda la estructura jurídica del sector.

Para el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, existe el riesgo de que los casinos y tragamonedas laven dinero y evadan impuestos.

"Estar al margen de cualquier tipo de regulación, tanto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como de las municipalidades, provocaría que se den este tipo de acciones", dijo.

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