En ese sentido -dijo- causa profunda preocupación la actuación que viene desarrollando algunos magistrados de la Corte Suprema, quienes en diversas resoluciones judiciales han expresado su desacuerdo con lo que resolvió anteriormente el Tribunal Constitucional (TC), señalando que dicha máxima instancia se equivocó al disponer que las resoluciones judiciales dejadas en suspenso, deban cumplir con el trámite de la consulta dispuesto por el artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“Este singular y novedoso criterio refleja una posición de rebeldía institucional en contra de lo dispuesto por el TC. La posición en un principio minoritaria de un segmento de Magistrados de la Corte Suprema, se torna preocupante porque viene acogiendo más seguidores, por lo que si la tendencia se mantiene, probablemente regresemos a una etapa que creíamos ya superada, donde sentencias de amparo otorgadas en la mayoría de casos de manera irregular, recobrarían vigor. Sería la vuelta al pasado con irregulares acciones de amparo dictadas exprofesamente para que no se cumpla con la ley de tragamonedas, propiciando la evasión tributaria y la ludopatía”, explicó.
Recordó que en un esfuerzo por hacer cumplir los mandatos de la Constitución, el Poder Ejecutivo promovió un proceso competencial contra el Poder Judicial, que a través de sentencias irregulares venía menoscabando las competencias otorgadas por la Carta Magna al Ejecutivo. “En dicho fallo, el TC consideró fundada la demanda y declaró nula diversas acciones de amparo dictadas al margen de la Legislación que regula la actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. Esta decisión y la Ley de Formalización promulgada el 24 de Diciembre de 2006, así como otros mecanismos legales nos han permitido avanzar considerablemente en la formalización del sector”, agregó.
Finalmente, señaló que el Mincetur espera una profunda reflexión de quienes pueden encauzar conforme a Ley diversas resoluciones dictadas en forma irregular. “En nuestro país, las instituciones deben orientar sus actuaciones para que funcione el Estado de Derecho y no la informalidad y ésta es la oportunidad que tiene este Poder del Estado para recobrar credibilidad frente a la opinión pública y frente a los propios magistrados del Poder Judicial. Si la Corte Suprema incumple su propia Ley Orgánica, se está proyectando una imagen negativa frente a los demás operadores del derecho, y tendrá que ser una vez más el TC el órgano que intervenga para hacer respetar la Constitución y las leyes”, acotó.