El artículo 4º de la Ley 1.016/97 determina que el objetivo de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es la “planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad reglada por esta ley...”.
Este es el artículo de la ley en la que se basan los miembros de la Conajzar, que está presidida por el abogado Cristhiant Vera, para prorrogar las concesiones de casinos. La 1.016/97 no establece explícitamente que la comisión puede prorrogar contratos, por lo que los miembros de la entidad recurren a una interpretación de la norma para justificar sus decisiones.
La ley tampoco señala que Conajzar puede dar en concesión los casinos por más de cinco años, pero la comisión de todas formas incluyó este plazo en el pliego de bases y condiciones de la licitación del año pasado.
La firma Azar Internacional SA, concesionaria del hotel casino de Ciudad del Este, y Casinos Paraguayos SA, de Encarnación, se beneficiaron con el nuevo sistema para explotar casinos en Cordillera y Misiones, respectivamente.
La Conajzar había otorgado en concesión por diez años los casinos en los departamentos de Cordillera y Misiones, debido a que tienen menos habitantes que Central, se informó.
No obstante, pese a que el pliego de bases y condiciones es “ley entre las partes”, es necesario mejorar la Ley 1.016/97 para evitar inseguridad jurídica que pueda afectar tanto a Conajzar como a las concesionarias.
La política de la comisión puede crear inseguridad jurídica porque, por el principio del derecho administrativo, los funcionarios no pueden comprometer al Estado en cuestiones que no está explícitamente permitidas por la ley.
La Conajzar, el Ministerio de Hacienda, y el Parlamento no se preocuparon en modificar la ley de juegos de azar, para evitar que las prórrogas de contratos de concesión de casinos sea de dudosa legalidad.
Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General del Estado “legitimaron” la decisión de Conajzar, de prorrogar el plazo contractual (cinco años) de la explotación de casinos de Encarnación, Ciudad del Este y Asunción (SES SA). La prórroga fue concedida en diciembre de 2007, pero la Conajzar ya había dado en el 2004 un nuevo plazo de cinco años al casino del Yacht y Golf Club.