Edición Latinoamérica
23 de Noviembre de 2020

El Casino del Sol deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental

Peligra la ejecución del mayor casino de Chile

(Chile).- Casino del Sol, proyecto integral que contempla una inversión de más de U$$ 82 millones, pidió una prórroga de ocho meses a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para poder construir el casino, cuyo plazo de puesta en marcha vence el 24 de julio de 2008.

E

l 26 de diciembre de 2006, la empresa hizo una presentación ante la SCJ, argumentando que en julio de este año un decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, había calificado a Talcahuano -comuna donde se emplaza Casino del Sol- como “zona latente por material particulado respirable”.

El director ejecutivo de Valmar y jefe del proyecto Marina del Sol, Juan Ignacio Ugarte, dijo que este cambio en las reglas del juego, posterior a la adjudicación del casino -el 13 de julio se informó que ese proyecto era beneficiario de una licencia de operación-, obliga a la empresa a someter su proyecto al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dificultando así el cumplimiento de los plazos.

"Es evidente que esta circunstancia nueva y sobreviniente, en relación con su interpretación y aplicación, ha introducido grave retraso al otorgamiento de los permisos y tramitaciones administrativas de las obras", dijo la empresa a la SCJ.

Sin embargo, más de un año antes, el 16 de diciembre de 2005, la compañía había concluido en un informe presentado a la SCJ que los cambios a la normativa sí estaban contemplados.

"En la medida en que la zona de emplazamiento sea declarada zona latente o saturada (de material particulado), lo cual podría ocurrir en el próximo tiempo, sí debería ingresar a dicho sistema (de evaluación de impacto ambiental), situación que fue contemplada en el diseño conceptual de los proyectos", dice el documento.

De acuerdo con el reglamento que rige la nueva normativa de casinos, de no concretarse el proyecto en los plazos legales, su permiso se entenderá como "revocado para todo efecto", además del cobro de boletas de garantía.

Por otra parte, en la recta final de sus indagaciones está la Comisión Investigadora, conformada en 2006 para determinar posibles irregularidades en el proceso de licitación.

Ayer fue una de las últimas audiencias, y el presidente de dicha Comisión, Pablo Lorenzini, aseguró que "a principios de abril esperamos tener listo el informe para que sea votado en la sala", agregando que "a título personal, considero que el informe debiera dar cuenta de irregularidades que a estas alturas son comprobadas".

Distinta es la visión del diputado PS Fulvio Rossi, quien también integra la Comisión: "Yo no podría hablar de irregularidades. El superintendente (Francisco Leiva) ha actuado de buena fe".

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