“La Intendencia de Montevideo para ciertos períodos, ha estado abonando mantenimiento por un número de slots mayor al que correspondería haber abonado si las empresas comprometidas a hacerse cargo de dicho mantenimiento efectivamente lo estuvieran haciendo, o en caso de éstas estarlo haciendo, la Intendencia habría estado pagando de manera totalmente innecesaria por este servicio”, dice el informe de la auditoría interna.
En el banquillo de los acusados está la empresa Sabid S.A, encargada del mantenimiento de las máquinas. El edil nacionalista Fernando Ripio, por ejemplo, exige que este dinero sea devuelto a las arcas municipales.
Este gasto, innecesario según el informe, tuvo un aumento a partir del 2003 en el mismo momento en que se registraba un déficit en la salas de juego.
Para la Junta Departamental, mientras tanto, la explicación del déficit está en los altos sueldos de los funcionarios, que representan el 70 % de los costos operativos. Además, aducen también que hubo un cambio en la tendencia entre los apostadores, que en lugar de seguir apegados a los juegos tradicionales se volcaron en su mayoría a las máquinas tragamonedas.
Mientras estos argumentos esgrimidos por la IMM fueron discutidos por ediles de la oposición por considerarlos simplistas, el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, explicó en una conferencia de prensa brindada en la Junta Departamental que las autoridades serán contundentes si se comprueban las irregularidades.
También anunció que la plantilla de trabajadores de los casinos se reducirá en un 20% y que las cifras del 2006 se equilibrarán con respecto a los años anteriores.