Esto en virtud de que a la fecha, el Poder Judicial -mediante procesos constitucionales de amparo- ha autorizado el funcionamiento de 640 empresas, un 94% del total de los operadores de máquinas tragamonedas que funcionan actualmente", precisaron desde el Mincetur.
Autoridades del ente agregaron que con tal actitud, el Poder Judicial "ha invadido una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, ejercida por la Dirección Nacional de Turismo, perteneciente al Mincetur, a la que le compete otorgar la mencionada autorización de funcionamiento de acuerdo a ley".
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de conflicto de competencias con el objeto de reivindicar sus atribuciones, contenidas en el artículo 118.1 de la Constitución, referido a cumplir y hacer cumplir las leyes.
"Nuestras atribuciones se encuentran usurpadas por el Poder Judicial a través de resoluciones expedidas por jueces que desacatan sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional", afirmó la titular del Mincetur, Mercedes Aráoz.
Hace unas semanas, el Tribunal Constitucional admitió la demanda del Mincetur y corrió traslado al Poder Judicial, a fin de que en un plazo de 30 días conteste la demanda, informó.
Recordó que ya el Tribunal Constitucional había señalado que las sentencias declaradas fundadas, que han adquirido la calidad de cosa juzgada, derivadas de los procesos de amparo, no constituyen de ninguna manera una patente de corso cuando se apartan de sus precedentes vinculantes.
"Esta acción de competencia, que puede parecer un tanto enmarañada, traerá beneficios reales para el país, como la erradicación de la informalidad de este sector y el pago del impuesto de juegos, por aproximadamente 115 millones de nuevos soles, que durante años estas empresas han estado evitando", afirmó.
