El consejero de Presidencia, Javier Caballero, fue el encargado de defender el proyecto y de él dijo que actualiza la normativa vigente desde 1989 para educarla a la "realidad social y al sector, donde se han registrado transformaciones derivadas de las oportunidades de negocio que ofrece, en gran parte gracias a las nuevas tecnologías".
El consejero adelantó que la futura ley, tal y como ha previsto el Gobierno, no incluirá una lista cerrada de juegos sino que estos los podrá autorizar o no el Ejecutivo en función del desarrollo reglamentario que se haga, lo que a su juicio da "mayor flexibilidad" a la norma.
Indicó asimismo que el proyecto autoriza el patrocinio y la publicidad informativa del juego, las apuestas y los locales de juego, aunque se tendrá en cuenta a la población "sensible y vulnerable", y prevé la creación del Consejo del Juego de Navarra.
En contra de este proyecto y en defensa de la enmienda de Aralar, Patxi Zabaleta afirmó que se trata de una iniciativa que "carece de sentido" y a la que "le faltan objetivos claros". Subrayó además que el catálogo de juegos es un elemento "decisorio" y como tal "tiene que estar en la ley", por lo que acusó al Gobierno de quitar esta competencia al Parlamento para establecerlo él de forma "discrecional".
Zabaleta se refirió asimismo a las personas que sufren ludopatía para afirmar que la lucha contra esta enfermedad debe ser "un principio" de la ley y objeto de "actuaciones concretas", algo que no apreció en el proyecto.
A favor de la enmienda intervino EA por entender que el proyecto se ha hecho sin un "análisis profundo sobre el juego y los jugadores en la sociedad", dijo Maiorga Ramírez. Miguel Izu, de IU, anunció una abstención tras mostrar la "preocupación" de su grupo porque el texto del Ejecutivo no prohíbe la existencia de casinos en Navarra.