El escrito de la sociedad Thunderbird Rancagua fue patrocinado por los abogados Juan Agustín Figueroa, Gonzalo Linazasoro y Carlos Balbontín, como antesala a otras presentaciones ante la Contraloría. “Es una vía que estamos transitando contra Francisco Leiva por la gravedad extrema de la situación”, explicó el primero de los profesionales.
Según explicó, la figura de la prevaricación “tiene penas relativamente bajas, pero conlleva sanciones como la suspensión del empleo en su grado medio e inhabilitación para ejercer cargos públicos”, agregó. Figueroa precisó que el Código Procesal Penal contempla tratamientos “muy rigurosos” en materia de probidad administrativa, por lo que espera que el Ministerio Público haga eco de la querella.
De acuerdo a Thunderbird, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ratificó que sí cumplía con los requisitos legales de constitución para postular al otorgamientos de licencias para operar. “Salvo el superintendente, todos los órganos del Estado que se han pronunciado sobre el fondo han resuelto que Thunderbird cumplió con todos los requisitos legales”, destacó el documento.