Edición Latinoamérica
14 de Julio de 2020

Iniciativa del presidente Vladímir Putin

El Gobierno ruso busca limitar los casinos a cuatro áreas en todo el país

(Rusia).- El presidente Vladímir Putin ha respaldado al partido oficialista Rusia Unida, en su idea de concentrar la industria del juego en áreas especiales, fuera de los grandes núcleos urbanos del país. El proyecto propone cuatro áreas: dos en la zona europea del país, una en Siberia y una en el Extremo Oriente.

L

a necesidad de poner restricciones en materia de juego se barajaba en los pasillos parlamentarios desde hace tiempo, sin que nadie se atreviera a estampar su firma bajo las respectivas enmiendas.

“Ahora que el Jefe de Estado y el dirigente de la Cámara Baja han avalado tal propuesta, los diputados van a acogerla con aplausos”, afirma Vladímir Medinsky, subjefe del Comité parlamentario para la política económica.

La noticia ha causado una sensación de shock entre las empresas del sector. Claro que se tardarán varios meses en la aprobación del proyecto de ley, pero las perspectivas para el negocio son lúgubres.

“En general, esas enmiendas equivalen a una sentencia de muerte”, confesó el director del grupo Rosgame. Algunos representantes de la industria del juego alientan la esperanza de que el Gobierno establezca un período de transición, de tres o cuatro años, para poder reubicar el negocio; otros dan a entender que los casinos y las salas de juego “pasarán a funcionar en la sombra”, tal y como ocurrió en otros países que optaron por una política prohibitiva, en lugar de regular esa asignatura.

Varias provincias rusas, a la espera de obtener esas áreas de juego, se han ofrecido ya para poner plazas disponibles, como el distrito Ramensky en las afueras de Moscú.

En cuanto a los funcionarios del Gobierno capitalino, comentan la novedad en un tono más cauto. “Moscú no quisiera sacrificar ingresos anuales que se acercan a U$S 300 millones, pero podemos aceptarlo en beneficio de la ciudad y sus habitantes. En Moscú sobra dinero fácil y gente dispuesta a perderlo. Si el Estado puede sacarle algún provecho ¿por qué no hacerlo?”, señaló Medinsky.

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