Edición Latinoamérica
14 de Julio de 2020

Análisis del Dr. Constante Traverso, especialista en legislación de juego

Perú: Verdades y mentiras sobre tragamonedas

(Perú).- En una reciente nota publicada por el periódico La Primera, el Dr. Traverso, miembro del Instituto Peruano de Derecho Sobre Juegos de Azar y Apuestas, hizo un análisis de la situación del mercado de apuestas peruano y de la operación de slots en el mismo.

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esde hace muchos meses se discute en los medios de comunicación el fenómeno de la informalidad en la explotación de máquinas tragamonedas, además se critica la poca recaudación que se obtiene de esta actividad y los supuestos daños que causa a la población.

Muestra de ello es que tenemos leyes de la República del Perú que regulan y promueven la “formalización” de la propiedad, la empresa, el empleo, el comercio, la pequeña y mediana minería, la educación, el transporte, la comercialización de partes de computadoras, entre otros.

Ello nos permite afirmar que en el Perú vivimos en el marco de un permanente esfuerzo de formalización, constituyendo este fenómeno una regla y no una excepción.

¿Pero por qué se presenta esta problemática? La explotación de máquinas tragamonedas no es diferente a otra actividad económica. Igual requiere de una inversión y la prestación de un servicio oneroso, en este caso de entretenimiento, obteniéndose como retribución el total de las apuestas, menos los premios otorgados y el costo total del servicio brindado.

Hace muchos años los juegos de azar que se explotaban en el país eran principalmente las carreras de caballos, las loterías y las apuestas a las peleas de gallos; posteriormente aparecieron otros juegos como la polla del fútbol y los bingos.

Cuando el avance de la tecnología brindó otras posibilidades de entretenimiento y azar, las ciudades del Perú empezaron a iluminarse de luces de neón y aparecieron las máquinas tragamonedas, juegos de azar que sí contaron con la aceptación masiva de la población, a diferencia de los otros juegos que siempre se limitaron a un segmento específico.

Frente a esta nueva actividad comercial, a principios de la década de los noventa, el Estado peruano creó un marco normativo que, aunque disperso, reguló la explotación de máquinas tragamonedas; sin embargo, el problema se generó como consecuencia del cambio de las reglas de juego con la dación de un nuevo marco legal al promulgarse en julio de 1999 la Ley No 27153 (1), que Regula la Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

En nuestra opinión, este es el verdadero origen del problema que vivimos, pues luego de siete años de vigencia la Ley No 27153 al establecer nuevas y más restricciones legales a una actividad ya existente, distorsionó una actividad que antes era totalmente formal, creando lo que en palabras de Hernando de Soto (2) podríamos llamar “obstáculos a la legalidad”, en este caso obstáculos verdaderamente infranqueables.

El resultado es más que evidente: actualmente el 95% de la operación de explotación de máquinas tragamonedas del país no cuenta con autorización expresa en el marco de la Ley vigente.

Y esto se explica porque el nuevo marco legal obliga al empresario, que decidió invertir en la actividad, a dejar su negocio y perder su inversión; pues las nuevas restricciones le son imposibles de cumplir.

Las restricciones legales que impiden la formalización son principalmente dos: El artículo 5º de la ley No 27153 prohíbe a explotación de máquinas a 150 metros de iglesias, cuarteles, hospitales e instituciones educativas y el artículo 6º de la Ley No 27153 permite la explotación de máquinas tragamonedas exclusivamente en hoteles y restaurantes de categoría.

Ante esta situación muchos empresarios afectados acudieron a las instancias jurisdiccionales en defensa de sus derechos, haciendo uso del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en virtud del control difuso; obteniéndose como resultado la judicialización de la actividad, situación que vivimos en la actualidad.

En el tema de la recaudación tributaria sucedió algo similar. En el año de 1999 se creó el denominado Impuesto al Juego, estableciendo una tasa del 20% sobre el bruto de la explotación.

El mismo tributo fue declarado inconstitucional, tres años más tarde, por el Tribunal Constitucional (3); por no solamente tener efectos confiscatorios, sino además estar técnicamente mal diseñado al gravar por definición la explotación, pero afectando directamente el ingreso bruto, sin permitir el descuento de los gastos de la operación; con el agravante de no permitir el uso del pago de este tributo como pago a cuenta del Impuesto a la Renta.

La corrección legislativa, fue simplemente un maquillaje, pues no se modificó la estructura ni la técnica del impuesto, incluso se aplicó retroactivamente; manteniéndose la posibilidad de cuestionar el tributo, situación que constituye una garantía en el marco de un Estado de derecho y que legítimamente ejercen no solamente los empresarios operadores de máquinas tragamonedas, sino todos los que en alguna oportunidad se han visto afectados con una imposición fiscal que no respeta los principios tributarios constitucionales consagrados en el artículo 74º de la Constitución (4).

Respecto a las cifras, la estadística basada en una regla de tres, no resiste el menor análisis. La Dirección Nacional de Turismo, órgano técnico encargado de fiscalizar la actividad, en diciembre del año pasado ha estimado que en el país existen 55.640 máquinas tragamonedas (5); información que debemos complementar con la brindada por la Superintendenta de la Sunat, que en su presentación ante el Congreso de la República sostuvo que el ingreso diario por máquina en el país asciende a veintitrés dólares en promedio.

En conclusión, tenemos una actividad con un ingreso anual bruto de más de mil quinientos millones de soles.

Creemos que el nuevo gobierno debe corregir la situación planteada, pero estableciendo restricciones legales técnicas, en el marco de la Constitución, respetando los puestos de trabajo generados, la inversión realizada y el legítimo derecho de los ciudadanos de participar de un juego de azar en el marco del derecho al entretenimiento consagrado en el numeral 22 del artículo segundo de nuestra Constitución.

De igual forma, se debe corregir los defectos de la imposición fiscal, estableciendo un impuesto que respete los principios constitucionales tributarios consagrados en el artículo 74º de nuestra Constitución, afectando la real capacidad contributiva de los explotadores de máquinas tragamonedas.

Sólo así lograremos ordenar la actividad y aprovecharemos de ella los beneficios que nos viene brindando tanto en la generación y profesionalización de puestos de trabajo, como en la mejora de la infraestructura y oferta del turismo y el entretenimiento.

Condenar la actividad solamente por su gran aceptación no resiste el menor análisis lógico ni legal; en todo caso, tendría igualmente que restringirse las otras actividades relacionadas con los juegos de azar. Recordemos finalmente que donde existe la misma razón existe el mismo derecho.

1 La Ley No 27153 se publicó en el diario oficial El Peruano el 09 de julio de 1999, estando vigente en la actualidad con una serie de modificaciones.

2 En su obra magistral “El Misterio del Capital”, De Soto explica al detalle las consecuencias las regulaciones legales impuestas en el país.

3 El Impuesto al Juego fue declarado inconstitucional mediante sentencia publicada en el diario “El Peruano” el 02 de febrero del 2002.

4 Un claro ejemplo de la legitimidad de cuestionar un tributo lo constituyó la demanda del empresariado nacional contra el Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta.

5 La información se consigna en la Resolución Directoral No 744-2005-MINCETUR/VMT/DNT publicada en el diario oficial.

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