Edición Latinoamérica
25 de Agosto de 2019

Roberto Gallardo declaró ayer ante la Justicia

Investigan al juez que había clausurado el casino flotante de Buenos Aires

(Argentina).- El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, fue indagado por abuso de autoridad a raíz de, el año pasado, haber ordenado la clausura del casino flotante, que funciona en Puerto Madero.

E

l magistrado fue interrogado como imputado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien lo investiga también por supuesto incumplimiento de deberes inherentes a su investidura, ante la denuncia promovida por los directivos de Cirsa, la empresa que explota juegos de azar en la embarcación anclada en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la hora y media del trámite, Gallardo explicó los fundamentos que tuvo en cuenta para disponer, el año pasado, la clausura de los buques donde se explotan juegos de azar. Como complemento de su descargo, el magistrado entregó a Oyarbide documentación y antecedentes jurisprudenciales que avalarían las decisiones que tomó. El funcionamiento del casino flotante “es ilegal, porque los barcos entraron de contrabando”, afirmó Gallardo antes de ingresar al despacho de Oyarbide, ante el cual volvió a explicar (como lo hizo semanas atrás con la jueza federal María Servini de Cubría) que actuó “conforme a las normas que rigen su actividad”. Servini de Cubría procesó a Gallardo por presunto incumplimiento de sus funciones y abuso de autoridad, cuando, en agosto de 2004, realizó una inspección a las instalaciones del barco donde funciona el casino flotante.

Gallardo sostuvo que, tanto en esa ocasión como un año después, cuando clausuró (medida luego revocada) la sala de juego, actuó de acuerdo a las constituciones nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes locales, que prohíben esa actividad. “No hubo otra intencionalidad que la de cumplir con la ley”, dijo y lamentó que no se haya investigado una denuncia de la Oficina Anticorrupción sobre presuntos ilícitos que habrían cometido funcionarios públicos para permitir el funcionamiento del casino flotante.

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