Edición Latinoamérica
20 de Octubre de 2020

Brasil

Empresarios de bingo se reunieron para luchar por la regulación de la actividad

(Brasil).- La Asociación Catarinense de Bingos (ACBingos), la Federación Brasileña de Bingos (Febrabingo), y el Movimiento Pro-Bingos (MPB) trabajan para sensibilizar al Congreso Nacional sobre la necesidad de la creación de una ley que regule definitivamente la actividad en el país.

E

l anuncio fue hecho este martes por el presidente de Febrabingo / MPB, Carlos Eduardo Canto, durante el evento en la Federación de las Industrias del Estado (Fiesc), en la Capital. Según Canto, el vocero de la CPI de los Bingos, senador Garibaldi Alves (PMDB), ya inició la redacción de la nueva ley.

El texto, detallo Canto, nuevamente será sometido a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), la primera de una serie de etapas hasta su votación en plenario, cuya fecha no está prevista. Por la propuesta de las entidades, la gestión y la fiscalización de los juegos de bingo, máquinas tragamonedas, video lotería, sorteos por la televisión y similares quedarían bajo la responsabilidad de los Estados, rompiendo así el monopolio de la Unión determinado por la Constitución de 1988. Esto es en base al Decreto Ley número 204/1967, que fue incorporado por la Carta Magna y está actualmente en vigencia, que el Supremo Tribunal Federal (STF) viene decretando reiteradamente la inconstitucionalidad de leyes estatales que regulan la actividad, como sucedió el jueves pasado con la ley catarinense de 2000.

Empleo y recaudación son los principales argumentos de los empresarios para intentar revertir la actual situación. El sector emplea 370 mil personas en el Brasil.

Los empresarios pretenden convencer a los legisladores a cambiar el texto legal exhibiendo los números del sector. Según lo investigado por el MPB, las actividades generan en el país 120 mil empleos directos y otros 250 mil indirectos, además de garantizar R$ 2,6 billones al año en impuestos. En Santa Catarina, cerca de nueve mil personas trabajan en el sector, que traspasa al gobierno alrededor de R$ 1 millón en impuestos, conforme a la Compañía para el Desarrollo del Estado (Codesc).

“Nosotros (empresarios ligados a juegos) salimos fortalecidos de la CPI. Tenemos conocimiento del acontecimiento (de la propuesta de nueva ley), Brasil no puede quedar en contramano”, afirmó Canto. De acuerdo con él, de los más de 100 países de la Convención Internacional de Turismo, sólo Cuba y Brasil prohíben la explotación de juegos.

En cuanto el Diario de Justicia (DJ) publicó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que declaró inconstitucional la ley catarinense que regulaba la actividad de bingos (nº 11.348/2000), el gobierno debe hacer cumplir la determinación y cerrar todos los establecimientos que funcionaban en base a la ley confirmada.

“La regla vale para bingos, tragamonedas, video loterías, sorteos por televisión y similares”, avala el procurador de la República, Celso Antônio Três, autor de diversas acciones contra salas de juego en el Estado.

El representante del Ministerio Público Federal (MPF) alertó que, en caso de que el Estado continúe “protegiendo los bingos”, según afirma, “va a dirigirse una representación al procurador general de la República para que procese al gobernador por crimen de responsabilidad”.

El STF reafirmó lo que siempre ocurrió en el Brasil: legislar sobre juegos es privativo de la Unión. Las loterías en el país pasaron a ser toleradas y, por lo tanto descriminalizadas a partir del año 1932, pasando a ser calificadas como servicio público.

El Decreto Ley nº 204, del 27 de febrero de 1967, que fue recepcionado por la Constitución de 1988, estando actualmente en vigencia, pasó a definir la actividad de lotería como servicio público a ser ejercido exclusivamente por la Unión. Por lo tanto, desde el año 1967, los Estados miembros no poseen más competencia para crear y mantener el servicio público de loterías.

El jueves pasado, el STF confirmó lo que determina el DL 204/67 y la Constitución Federal, declarando inconstitucional la ley catarinense (número 11.348) que regulaba, sin que hubiese legislación federal que la amparara, los juegos en el Estado. Los empresarios ligados al juego ahora defienden la creación de una ley federal que regule la actividad.

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