Argentina: Nuevas instancias judiciales en el Casino Flotante de Buenos Aires

Esta es la segunda vez en un año que el juez Fernández sostuvo que la Justicia porteña carece de competencia para intervenir en un pleito que es de jurisdicción nacional, argumento con el cual dejó sin efecto el fallo que había dictado Gallardo.

La medida originaria había sido solicitada por el abogado Ricardo Monner Sans. Toda la jornada de ayer fue un cruce continuo de dardos. Voceros de la empresa Cirsa, la operadora del casino, afirmaron no haber recibido ninguna orden judicial. Sin embargo, casi una hora antes, las puertas de acceso habían sido cerradas con fajas judiciales.

“La medida judicial dispuesta por el juez es claramente ilegal y arbitraria”, afirmó Cirsa en un comunicado de prensa. El Princess empezó a operar (sólo con máquinas tragamonedas) en enero, en medio de la controversia judicial aún irresuelta por el otro barco casino, el Estrella de la Fortuna, abierto en 1999.

La pulseada judicial entre Gallardo y los barcos casino no es nueva. El juez Gallardo afirma que su fallo se apoya en una decisión de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad. Detrás de esta decisión, se argumenta que en la Ciudad no está permitida la apertura de casinos en manos de operadores privados.

Desde Cirsa, en un comunicado, afirmaron que “los barcos se encuentran en territorio del Puerto, la regulación, concesión y el ejercicio del poder de policía sobre los juegos de azar corresponde al Estado Nacional y no al Gobierno de la Ciudad”. Según datos aportados por la empresa Cirsa, el Estrella de la Fortuna factura al año $ 3.760 millones (1.236,8 millones de dólares), de los cuales el 20% debe ir al Estado.