Edición Latinoamérica
21 de Enero de 2021

En su caso contra Antigua y Barbuda por las apuestas por Internet

Estados Unidos se mantiene en silencio ante los requerimientos de la OMC

(Estados Unidos).- Cuando se esperaba alguna respuesta por parte del gobierno estadounidense ante las autoridades de la Organización Mundial de Comercio en relación a su disputa con Antigua y Barbuda por las apuestas por Internet, la administración de dicho país sólo manifestó que “en forma consulta con el Congreso, se ha estado trabajando para resolver esta situación”.

E

n una audiencia llevada a cabo esta semana ante departamento que tiene a su cargo la mediación en conflictos (DSB) de la OMC, el gobierno de Estados Unidos no dio mayores precisiones sobre la forma de resolver su disputa legal con el Antigua y Barbuda por prohibir a sus ciudadanos participar en apuestas a través de Internet.

Como respuesta, Antigua se refirió a la actitud de Estados Unidos, e hizo hincapié en que las recientes leyes Leach y Goodlatte introducidas al Congreso “van contra las recomendaciones que el DSB en un ciento por ciento”.

El comunicado dado a conocer en forma oficial por Antigua resalta dos puntos claves: La única legislación presentada recientemente es totalmente contradictoria a las reglas de la OMC; Antigua no tiene recurso real más allá del apoyo del OMC.

“Este caso puede probar ser un punto de inflexión para la OMC debido a que es la primera vez que un país pequeño ha iniciado acciones legales contra otro y obtenido una victoria inicial, lo que plantea el interrogante si, en caso de revertirse el primer fallo a favor, la OCM representa los intereses de todos los países por igual, incluyendo los más pequeños”.

En síntesis, las autoridades de Antigua solicitaron con urgencia a Estados Unidos a que “demuestre si tiene la intención de ser un miembro responsable de la OMC acatándose a sus dictámenes, a fin de ver si los acuerdos de la OMC tienen el mismo alcance para todos por igual”.

El plazo final para que Estados Unidos cumpla los requerimientos solicitados vence el próximo 3 de abril, momento en el que quedará claro si Estados Unidos respeta el proceso indicado por el organismo internacional, o no.

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