La medida fue considerada irregular por los trabajadores, pues modifica un amparo dado por el mismo Tribunal Constitucional en 2001, y porque fue “coordinada” por el Director de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, Alejandro Raffo Ibarra, con el ex presidente del TC, Javier Alva Orlandini.
Raffo Ibarra, en un documento de puño y letra de fecha 14 de diciembre de 2005, le informa a su jefe Miguel Antonio Zamora que se había reunido con Alva Orlandini para solicitarle que el TC resuelva los casos en que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es demandado.
Al respecto, el doctor Aníbal Quiroga y otros especialistas han expresado que los funcionarios públicos pueden defender casos ante el TC, dentro de los plazos establecidos por ley, pero no hay la figura de la “coordinación” o “reunión” previa, por lo que estamos ante un caso de “tráfico de influencias”. Los especialistas consultados también afirmaron que el TC, al haberse pronunciado sobre aspectos no consultados en la demanda, hacen nula la sentencia del TC.
Los trabajadores de Casinos y Tragamonedas invocan al actual presidente del TC, Víctor García Toma, a revocar la sentencia, pues de no hacerlo estaría provocando un caos socioeconómico en 15 mil empleados.