La respuesta de la Cancillería fue considerada por la comisión especial que investiga las concesiones para operar casinos en México como una burla, pues planteó que esos datos no son necesarios para solicitar a Estados Unidos información sobre las actividades de las personas requeridas, de nacionalidades mexicana y estadounidense.
Desde el 30 de noviembre de 2005, la comisión especial envió al titular de la secretaría, Luis Ernesto Derbez, un oficio en el cual explica el objetivo de su investigación y señala que para la obtención de los permisos -otorgados por Creel en mayo de ese año, cuando era secretario de Gobernación- la legislación “señala como uno de los requisitos fundamentales y obligatorios para todos y cada uno de los solicitantes, el de no haber sido procesado ni condenado por delito alguno”.
El documento, firmado por el presidente de la comisión, Héctor Gutiérrez de la Garza, señala que por lo anterior se apeló a la coadyuvancia de la SRE, para que ésta a su vez solicitara “a las autoridades judiciales o policiales de Estados Unidos, antecedentes penales o criminales, ya sean locales o federales, sobre las personas que a continuación se mencionan...” La lista de los concesionarios que podrían tener algún proceso por irregularidades en la operación de casinos en ese país.