"Se ha decidido modernizar el dispositivo para dar más visibilidad" a las empresas extranjeras que invierten en Francia, explicó un portavoz del Ministerio francés de Economía. El decreto, publicado el pasado 31 de diciembre con aplicación inmediata, viene a reemplazar a la normativa precedente, “que estaba dispersa y pretende ofrecer un marco más claro”, subrayó el portavoz.
El texto estipula que los inversores domiciliados en otros países de la Unión Europea tendrán que declarar cualquier toma de participación en siete sectores, para los que necesitarán la autorización del Ministerio de Economía. Se trata de los casinos, la seguridad privada, la investigación y producción de agentes patógenos y armas químicas, el material para la interceptación de correspondencia o la detección a distancia de conversaciones, las tecnologías de la información precisas para luchar contra el terrorismo y la criminalidad, para la defensa o para ambos usos.
A esos se añaden cuatro más con restricciones para las inversiones extranjeras de países que no pertenezcan a la UE: los sistemas de codificación; las actividades vinculadas a mercados clasificados secreto de defensa; la investigación y producción de armas, municiones y sustancias explosivas; y los equipamientos para el Ministerio de Defensa.
El responsable gubernamental para la inteligencia económica, Alain Juillet, había asegurado que el decreto es "un texto liberal que precisa las reglas del juego", y admitió que la Comisión Europea les había obligado a retirar los artículos referidos a limitaciones en el campo de la sanidad. La inclusión entre los sectores sensibles del juego -el único que no tiene que ver directa o indirectamente con la defensa- tiene su razón de ser para prevenir los riesgos de blanqueo de dinero. Por ello se prevé que "las autoridades administrativas pueden recorrer a la cooperación internacional para verificar la exactitud de las informaciones ofrecidas por los inversores extranjeros, en particular las relativas al origen de los fondos".