En el día de ayer quedó reglamentada en Uruguay la ley 17.835 sobre fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, que entre otros aspectos estableció un régimen de información del Banco Central sobre transacciones que resulten inusuales o se presenten sin justificación económica.
A partir de ahora, los casinos de Uruguay, las empresas que presten servicios de envíos de fondo, las inmobiliarias y las personas dedicadas a la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos estarán obligadas a informar sobres todas las transacciones financieras que realicen.
Las comunicaciones sobre transacciones inusuales y sospechosas incluirán una identificación de las personas físicas o jurídicas, una descripción de las transacciones, indicando si fueron realizadas, sus fechas, montos y tipo de operación. También incluirán un detalle de los indicios que indujeron a quien realiza la información a calificar dichas operaciones como inusuales o sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero.
La ley establece además que la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo estará a cargo del Ministerio de Economía, en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.