El Salvador: afirman que los decretos contra casinos no violan ley

Belisario Artiga, Fiscal General de la República, declaró ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que “la autonomía de las alcaldías no se vulnera al prohibir los juegos de azar”. Este es uno de los juegos que, según las normas, están expresamente prohibidos, sin excepción. De acuerdo con el decreto 929 en su primer artículo, los sitios donde se practique serán sancionados.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de esta forma a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no son inconstitucionales los decretos legislativos 929 y 930, que prohíben el funcionamiento de los casinos o establecimientos donde se practican los juegos de azar.

De esta manera, el Fiscal General respondió a los alegatos de los abogados Carlos Alfredo Méndez Flores y Francisco Martín Santos Castaneda, realizados ante la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal de justicia. Los profesionales solicitaron que se declaren inconstitucionales dichos decretos porque, a su juicio, violan la Constitución. Los abogados consideraban que había vicio en el contenido de los artículos 1 y 2 de los decretos parlamentarios, porque supuestamente aplican una ley con retroactividad y afectan la autonomía del municipio. En ellos se explica que los establecimientos donde se practiquen los juegos de azar serán sancionados, como así también que los Concejos deberán supervisar el cumplimiento de esa medida y notificar a la Fiscalía para el cierre de los negocios.

Por su parte, el Fiscal General, Belisario Artiga, razona que los artículos no violan la Constitución y llama al máximo tribunal a confirmar esta declaración. Además, afirma que los gobiernos municipales no pierden facultades “para regular y administrar dentro de su territorio la materia de su competencia que es el bien común local”.

El funcionario sostuvo que las disposiciones del Congreso posibilitan un mejor criterio para que las comunas tomen decisiones. “En ese sentido, la autonomía (municipal) no se vulnera, sino que se fortalece su actuación (en el cierre de las casas de juego)”, argumenta Artiga a los magistrados. El máximo tribunal de justicia aún no ha dado una sentencia definitiva. El caso pasa antes por las manos del Fiscal General, para que argumente si está o no de acuerdo con la demanda.