El ministro de Economía de la provincia de Tucumán, Jorge Jiménez, en su calidad de interventor de la Caja Popular de Ahorros, firmó ayer la resolución por la que se prorrogó la concesión del hipódromo provincial al Jockey Club.
La decisión autoriza a esta institución a ceder a la firma Casino Club la construcción y administración de un gran salón de entretenimientos con 1.000 máquinas tragamonedas. A cambio, la empresa edificaría un centro de convenciones para la provincia.
En la resolución, Jiménez incluyó una cláusula por la cual estableció que estas concesiones caducarán, sin derecho a indemnización, cuando se detecten hechos vinculados a la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero o la presencia de menores en las casas de juego.
El interventor de la Caja Popular adelantó que idénticas obligaciones se impondrán a los actuales concesionarios de salas de juego. Estos serían notificados en las próximas horas de las nuevas condiciones.
Por su parte, los empresarios se defendieron de las acusaciones del gobernador José Alperovich, quien advirtió que sus locales eran “antros de perdición”. Dijeron que la actividad, reconocida oficialmente, genera al Estado una recaudación anual de 4 millones de pesos al año (1,35 millones de dólares). Paralelamente, cobró cuerpo la versión de que el intendente de Trancas, Osvaldo Jaldo, asumiría la conducción de la entidad financiera la semana próxima, tras la renuncia de Juan Carlos Veiga.