La justicia asturiana levantó la suspensión de la licencia del casino del Aljarafe

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que se levanta la suspensión cautelar de la licencia para la apertura de un casino en Tomares, concedida en 1998 por la Junta a la sociedad Gran Casino del Aljarafe.

La decisión no cierra la vía judicial emprendida por los cuatro recursos interpuestos por algunas de las sociedades que perdieron el concurso de adjudicación (aún quedan abiertos dos procedimientos más en el Tribunal Supremo), pero acarrea una consecuencia de indudable valor: permite a la compañía adjudicataria la apertura de este complejo.

De este modo, se da vía libre para el inicio de un negocio que prevé la inversión inicial en la comarca aljarafeña de 13 millones de euros para la instalación de 26 mesas de juego y la generación de más de 500 puestos de trabajo, de ellos 260 empleos directos y, en la mayoría de los casos, necesitados de una calificación profesional muy especializada (el ejemplo más prototípico es el de los croupier, cuyo salario medio ronda los 2.400 euros mensuales).

El levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la concesión pone fin a una paralización del proyecto que duraba ya cinco años, y es posible gracias a que ha sido la entidad que presentó este último recurso en cuestión -London Club Overseas Limited, representada por el letrado Emilio Pérez Ruiz- la que pidió la suspensión de la medida, en principio gracias a un acuerdo extrajudicial alcanzado con los socios del proyecto ganador del concurso.

Hasta ahora, el proyecto de construcción de un casino en Sevilla se ha visto frenado por la maraña judicial nacida del aluvión de recursos presentados a la decisión final de la Junta. Así lo atestigua una biografía administrativa que se inicia en los primeros meses de 1998, cuando la Consejería de Gobernación inicia los trámites del concurso de adjudicación y posterior explotación de un casino que se ubicaría en la corona metropolitana de la capital andaluza.

Al concurso convocado por la Administración autonómica se presentaron nueve compañías. El 29 de julio de ese mismo año, Gobernación dictó un auto por el que se adjudicaba este negocio a la sociedad Gran Casino Aljarafe, nombre bajo el que se presentaba un conglomerado de inversionistas encabezados por la Corporación Nueva Marbella, accionista mayoritario de la compañía.

En enero de 1999 se procedió a la paralización cautelar de la concesión por la presentación de recursos en contra de esta decisión administrativa. Y ya en enero de 2002, el TSJA emitió un fallo en favor de la compañía que quedó en segundo lugar al entender que se vulneraba el Reglamento de Juegos de la Junta al incluirse en el seno del consejo de administración de Gran Casino Aljarafe a personas jurídicas (no se permitían más que personas físicas). La Junta recurrió este fallo ante el Tribunal Supremo (TS), y debe ser la máxima autoridad judicial del país la que dictamine sobre la posible ilegalidad del procedimiento administrativo, hipótesis esta última que no se contempla ya ni desde la Junta ni desde las propias partes afectadas.

En cualquier caso, después de cinco años de paralización, la sociedad adjudicataria ya está capacitada legalmente para abrir el primer casino de la corona metropolitana de Sevilla. La Consejería de Gobernación exigirá de nuevo el cumplimiento estricto y escrupuloso de los requisitos contenidos en el concurso de adjudicación.