La campaña iniciada por los proprietarios de las casas de bingo, orientada a no pagar los costos de la recisión de contratos de cerca de 120 mil empleados, alegando que el cierre inesperado de las empresas ocurre por determinación del Poder Ejecutivo, no tiene fundamento legal.
De acuerdo a lo señalado por la Procuradora de Trabajo Sandra Lia Simon, los empresarios aseguran que el cierre de los bingos fue inesperado, lo que no es procedente, ya que la proihibición de su funcionamento ya estaba prevista en la Ley Maguito Vilela, de diciembre del 2001.
Otro argumento que, según la Procuradora, no es verdadero es que, por ser buenos empleadores, los bingos no deben ser cerrados. Simon revela que son innumerables las denuncias del sector por mejores condiciones de trabajo. “Las denuncias van desde cooperativas fraudulentas al uso de mano de obra adolescente”, señala.
La Procuradoría General de Trabajo está realizando un relevamiento para saber qué cantidad de denuncias de trabajo irregular se han detectado en esa área. Hasta ahora, se recibieron 42 denuncias en todo el país, y al menos seis de ellas están relacionadas con la formación de cooperativas fraudulentas. En ese tipo de fraude, los trabajadores pierden todos sus derechos, cómo los feriados y el aguinaldo.
La procuradora aseguró que también es falsa la información de que los bingos serían legales por estar previstos en la Ley Zico. En la mencionada regulación, los bingos deberían patrocinar eventos deportivos, pero no fue cumplida y cayó en desuso. Por ese motivo, explicó Simon, en diciembre del 2000 fue editada la ley Maguito Vilela que determinó el cierre de los bingos en el 2001.
Simon informó además que los trabajadores que no recibieron sus derechos deben acercarse al Ministerio Público de Trabajo para dar entrada a una acción colectiva. Los trabajadores pueden entrar también como una acción individual.