Edición Latinoamérica
25 de Octubre de 2020

En Brasil

Las autoridades de Abrabin avalarán acciones contra la clausura de los bingos

(Brasil).- La Asociación Brasileña de Bingos se reunió en San Pablo para apoyar a las manifestaciones llevadas a cabo por los trabajadores del sector y para determinar un plan de acción ante las prohibiciones que impulsó el Gobierno del presidente Lula da Silva.

L

a Asociación Brasileña de Bingos (Abrabin) realizó el sábado pasado en el Bingo Itaim de San Pablo una reunión que buscó avalar, con la presencia de más de 800 empresarios de bingos y abogados, las manifestaciones llevadas a cabo en los últimos días y definir una estrategia jurídica que el sector adoptaría contra la acción del Presidente Lula de la Medida Provisoria 168/04, que prohibió el funcionamiento de salas de bingo y máquinas tragamonedas en todo el país.

Olavo Sales da Silveira, presidente de Abrabin, abrió la reunión con un agradecimiento al movimiento Fuerza Sindical por su apoyo e hizo un balance de los últimos eventos, al informar que el Gobierno no fue sensible a las manifestaciones levadas a cabo por los empleados del sector en las últimas semanas.

Olavo Sales informó también que es importante en este momento una movilización política, pero sin abandonar una estrategia jurídica. Abrabin ya está preparándose silenciosamente para esa batalla y el abogado Fabio Barbalho explicó algunas de las herramientas que serán utilizadas, tales como acciones orientadas a determinar la constitucionalidad de la Medida Provisoria y la falta de criterio de urgencia y relevancia, principalmente por lo hecho en el Gobierno al haber enviado una semana antes de la prohibición un mensaje al Congreso con una propuesta de reglamentación de la actividad.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue cómo se encararán el despido de los empleados de los bingos si la medida se mantiene. Según uno de los letrados, los bingos van a transferir la rescisión de los contratos al Gobierno Federal, ya que se calcula que el valor medio de los salarios es de unos mil reales y la antigüedad sería calculada con una media de dos años y medio de trabajo. Ésto representaría para los empresarios uno tres mil reales de indemnización por empleados, más unos dos mil trescientos reales de seguros de desempleo. Por ello, la decisión sería no abonar las rescisiones de contratos y obligar a que el Gobierno Federal se haga cargo de estos gastos, invocando precedentes mediante el llamado “factum principis”, debido a que el 8 de junio del 2001, una medida obligó al Municipio de Criciúma a pagar por una medida similar.

¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Seguinos en Facebook