México se prepara para lanzar al mar su primer barco casino

La discusión y eventual aprobación de una ley en materia de casinos quedó rebasada por los hechos, pues en menos de un mes zarpará de aguas del Caribe mexicano un barco casino que incluirá a las apuestas como parte de su entretenimiento.

El primer “barco-casino Cancún” contará con 80 máquinas “tragamonedas” y 11 mesas de juego. El pasaje tendrá un costo aproximado de 50 dólares, para un recorrido de unas seis horas, ya que zarpará a las 8 de la noche para tocar tierra de regreso a la una o dos de la mañana.

Isaac Hamuy -uno de los principales accionistas del Centro de Convenciones Cancún-, aseguró que “no es un casino, se trata de un lugar más de juego”, porque no es para apuestas de grandes cantidades de dinero. El empresario ejemplificó que en el juego de ruleta la jugada máxima sería de 200 dólares. Cuestionado sobre el monto de la inversión para adquirir dicho barco (y adecuarlo), Hamuy precisó: “yo nunca hago cuentas, siempre lo he dicho, yo le meto y luego ya cuando empieza a salir, qué bueno, no tengo ni idea de lo que costó el barco, porque le sigo metiendo dinero”.

Ante la multiplicación de opciones ilegales de juegos de apuestas, y la llegada del mencionado emprendimiento, Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, dijo que es momento de "entrarle al toro" para reglamentar esta actividad que, admitió, se da en la República Mexicana y que no deja ningún recurso al erario federal ni beneficio alguno a la comunidad.

Durante su participación en el segundo Foro Nacional de Turismo y Medios de Comunicación, el funcionario agregó que la de los casinos es una actividad que sería favorable en términos de inversión y empleos, y convertirse en otra alternativa de turismo para el país. También, explicó que si el Poder Legislativo hace un buen planteamiento de ley, pueden esperarse beneficios para México, pues en realidad aquí se juega todos los días y las leyes en la materia no benefician a nadie. En este juego es muy poco lo que se derrama en impuestos y, así, es nula la posibilidad de recaudación.

"Ya estuvo bueno de políticas de simulación. Hay que entrarle al toro", resaltó, al recordar que en América Latina sólo Cuba y México no tienen autorizado el juego. En ese sentido, Carlos Mora, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, de Quintana Roo, dijo que los casinos pueden afectar al negocio turístico, por lo que los empresarios se pronuncian por casinos que no estén en los hoteles. Pero aclaró que tampoco se quiere un pequeño casino en cada esquina, sino que sea una gran inversión, que genere empleos e impuestos y que se convierta en un atractivo adicional para un destino y beneficie al municipio y al estado en donde se halle.

Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Turismo y ex gobernador de esta entidad, se pronunció por analizar el fenómeno de los casinos y elaborar normas que consideren el tipo de cultura que hay en México. "No son negocios fáciles", dijo, pues no es sólo un asunto de índole turística y habrá que pensar en que si se desea el fomento a la apuesta o el ahorro en el país. Comentó que el mercado del juego en Estados Unidos alcanza los 50 mil millones de dólares anuales y que más de 600 mil personas dependen de esta industria que se expandió a 47 de sus estados.

Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, recordó que el tema de los casinos se ha discutido en las últimas tres legislaturas federales sin llegar a una conclusión, por lo que se comprometió a que en los próximos dos años se definirá si se quiere o no el establecimiento de casinos y juegos de apuesta en México. "Ya no podemos seguir en la indefinición", acotó.

Orlando Arroyo Marroquín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, destacó que en México existen unos mil 500 casinos que operan clandestinamente y conocidos como "brincos", pues cambian de sede de manera constante, y que de ello ya tiene conocimiento la Secretaría de Gobernación (SG).

Al respecto, Elizondo Torres opinó que sería la SG la interesada en que esos lugares no existan y, en el último de los casos, la encargada de regular sus actividades, pues no arrojan ningún beneficio.