La licitación de la instalación de máquinas tragamonedas en los anexos que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza piensa abrir en San Carlos, Tunuyán y Tupungato avanza en medio de la polémica.
Hace diez días, Fiscalía de Estado emitió un dictamen en el cual se avala que la empresa Ivisa, que está en concurso preventivo, participe de esta la licitación. Ivisa maneja desde 1998 el procesamiento de la información de los juegos tradicionales en la provincia y fue rechazada, por estar concursada, en licitaciones de Santa Fe y La Pampa.
En noviembre de 2002, el IPJC llamó a una licitación internacional y se presentaron tres oferentes: Betec Games, de Brasil, una UTE de bingos de la provincia de Buenos Aires e Ivisa. Aunque el sobre N° 1 debió abrirse en febrero, el Gobierno demoró esta etapa hasta mayo, cuando se reunió un comité de preadjudicación que decidió dejar solamente en carrera a Ivisa, a pesar de que los pliegos de licitación prohibían la participación de empresas concursadas.
Con la disidencia de la dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda, el comité de preadjudicación decidió avalar a Ivisa apoyándose en la ley 7093, promulgada en marzo, que permite al Estado contratar con empresas concursadas. Las quejas de Betec y la UTE de bingos no tardaron en aparecer, aduciendo que la nueva ley no podía aplicarse a la licitación de marras ya que era posterior a la misma.
Para la Fiscalía de Estado, la ley 7093 ";tiene plena habilidad para derogar y modificar las disposiciones del pliego de la licitación";. Y entiende que ";no ha habido vulneración de derechos adquiridos de los demás oferentes";.
Sin embargo, este mismo órgano le sugirió al IPJC atender los recursos presentados por los oferentes bonaerenses y advirtió la inconveniencia de seguir adelante con la licitación. Y abrió un expediente nuevo para investigar las denuncias sobre la falta de transparencia del proceso que presentaron los representantes legales de Betec.