El pleno del Consejo de Políticas del Juego, presidido por el ministro de Consumo, Alberto Garzón Espinosa, aprobó el 14 de julio el acuerdo por el que se determinan los principios para establecer una cooperación más estrecha entre los registros de interdicciones de acceso al juego estatal y autonómicas.
Este acuerdo se funda en el reconocimiento de las singularidades regulatorias de los registros de prohibidos de todos los actores públicos implicados en la regulación y supervisión de esta actividad y en la protección de los colectivos vulnerables. Se busca respetar y valorar los distintos modelos desarrollados por las Comunidades Autónomas y por la Administración General del Estado, puesto que cada uno de esos modelos obedece a un marco social y político específico que guarda una conexión íntima con su propia realidad.
Con este acuerdo, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla determinan un modelo de coordinación entre sus registros, fundado en el reconocimiento mutuo de las inscripciones practicadas en los distintos registros. De esta manera, se extienden las virtudes tuitivas de cada uno de los modelos existentes. Este acuerdo permite también que aquellas autoridades que así lo decidan puedan avanzar aún más en este escenario de colaboración y establecer un sistema que constituya, organizativa y funcionalmente, un único registro de interdicciones de acceso al juego.
Se contó con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas —excepto Cataluña y la Comunidad Valenciana, que se abstuvieron— y de Ceuta y Melilla.