El Consejo de Estado frenó límites y sanciones que impuso Coljuegos a la publicidad del juego online

El Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, suspendió una serie de disposiciones impuestas por Coljuegos en 2023, tras determinar que el ente regulador carece de autoridad legal para imponer límites publicitarios, obligaciones de reporte y determinadas sanciones a los operadores de juego online.

Según informaron, la decisión suspendió de manera provisional cuatro disposiciones de la Resolución N°20231000019054 mientras continúa el proceso de revisión judicial. El tribunal no anuló las medidas, pero sí detuvo su aplicación hasta que se emita una decisión definitiva sobre el caso.

La revisión fue impulsada por los demandantes particulares Juan Carlos Calvo Ospina y Juan Pablo Cardona González.

En su fallo, el tribunal señaló: “El límite a la inversión publicitaria constituye una restricción a la libertad económica para la cual no existe disposición legal que la autorice. Coljuegos creó un régimen sancionatorio que requiere una habilitación legal adecuada”.

“Además, exigir la presentación de facturas y contratos detallados implica acceder a información empresarial confidencial que excede las facultades legales de Coljuegos”, continuaron.

Controles publicitarios y sanciones

Entre las disposiciones suspendidas se encontraba un límite a los gastos publicitarios que restringía la inversión en marketing de los operadores a una base del 20% vinculada a los ingresos brutos del juego (GGR, por sus siglas en inglés).

El tribunal consideró que esta restricción financiera interfería con la libertad económica y que Coljuegos no contaba con un mandato legislativo claro para establecer dicho límite mediante una resolución administrativa.

Los magistrados también suspendieron las obligaciones de reporte que exigían a los operadores presentar planes anuales de publicidad y registros trimestrales detallados. Según la sentencia, estas obligaciones requerían la divulgación de información comercial sensible sin una autorización legal expresa.

En esa línea, el Consejo de Estado reconoció que los planes de inversión publicitaria, las facturas y los contratos con proveedores constituyen información empresarial confidencial.

Por otro lado, el tribunal también suspendió diversas disposiciones sancionatorias dirigidas a empresas que utilizaran marcas no autorizadas o mantuvieran vínculos con proveedores de juego ilegal.

Estas disposiciones impedían otorgar contratos de concesión a dichas empresas e incluían sanciones que iban desde multas hasta la posible terminación del contrato en caso de infracciones reiteradas.

Asimismo, se suspendió parcialmente una disposición que obligaba a los concesionarios a obtener la aprobación previa de Coljuegos antes de vender acciones de sus compañías.

Fundamentos

La decisión del Consejo de Estado se fundamentó en tres principios constitucionales. En primer lugar, se determinó que, si bien Coljuegos tiene autoridad para regular el monopolio estatal de los juegos, sólo el legislador puede adoptar medidas que afecten de manera significativa las libertades económicas o la generación de ingresos derivados del monopolio.

El tribunal también concluyó que la definición de infracciones y sanciones corresponde a las autoridades con facultades normativas y no a un regulador administrativo.

Otro aspecto relevante fue la protección de la confidencialidad comercial. Los magistrados consideraron que Coljuegos no contaba con una base legal clara para obligar a los operadores a proporcionar registros comerciales detallados e información contractual.

Sin embargo, entre las facultades de Coljuegos no afectadas por el fallo, se mantiene que los requisitos de identificación clara de los operadores autorizados continúan siendo exigibles, así como la posibilidad de usar mecanismos sancionatorios previstos por la ley contra proveedores de juego ilegal.

El tribunal confirmó que Coljuegos mantiene la autoridad, conforme a la legislación vigente, para promover la transparencia en la publicidad del juego y emprender acciones de fiscalización contra operadores no autorizados.

Se espera que el Consejo de Estado emita una decisión definitiva sobre la demanda de nulidad en una fecha posterior. Si las disposiciones impugnadas son finalmente anuladas, cualquier intento futuro de Coljuegos de implementar medidas similares requerirá una autorización legislativa expresa.