La Legislatura de Mendoza inició el debate de la iniciativa para reorganizar el IPJyC

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; y Economía, Energía, Minería e Industrias de la Cámara de Diputados de Mendoza recibieron al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, para analizar un proyecto de “Ley macro” que busca, entre otras cosas, reestructurar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).

El plenario de tres comisiones comenzó el debate del expediente remitido a la Legislatura a comienzos de mayo por el gobernador Alfredo Cornejo para una reorganización integral del organismo que regula los juegos de azar en Mendoza. Por su parte, Fayad, junto a colaboradores de su cartera y la presidenta del IPJyC, Ida López, explicaron los alcances de la propuesta y despejaron dudas sobre el futuro de los trabajadores de los organismos alcanzados por la reestructuración. 

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto busca otorgar facultades al IPJyC para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización en el plazo de un año. Sobre esto, se aclaró que se incluyen medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

La iniciativa establece que el instituto dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio IPJyC, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal”, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

Declaraciones de Fayad

En diálogo con la prensa local, el ministro de Hacienda afirmó que la reorganización del IPJyC responde a cambios en los hábitos de consumo del juego y a la baja rentabilidad de "algunas unidades de negocio", agravada por el incendio de la sala de San Martín.

“Todo eso llevó a repensar las distintas estructuras del Instituto y promover una readecuación de aquellas que hoy le generan ingresos a la provincia, que son recursos que se destinan principalmente al sistema de salud, y eliminar aquellas que ya no los generan”, explicó.

Fayad puso como ejemplo el caso del llamado juego de paño o juego vivo, que actualmente “con los ingresos que genera no alcanza a cubrir ni siquiera el 30% de sus costos”. “Eso le quita recursos al Instituto y, en consecuencia, le quita recursos al principal destino de financiamiento que tiene, que es el sistema de salud”, subrayó.

El funcionario indicó que aún no está definido qué salas podrían cerrarse, aunque no descartó esa posibilidad. También confirmó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con la Unión del Personal de Juegos y Casinos.