Argentina: El Ejecutivo de Mendoza promueve un proyecto de ley para reestructurar el IPJyC

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone otorgar al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) las facultades para reorganizar su estructura durante el plazo de un año, a fin de alcanzar equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

La iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo establece que el ente regulador dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo a la reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente.

Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

La iniciativa también contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio IPJyC, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Ida López, titular del IPJyC Mendoza

Otra alternativa es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.

También se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio IPJyC quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.