El Ministerio Público de Chile formalizó su acusación contra la red imputada por operar cinco casinos ilegales en la en la ciudad de Concepción, en la región del Bío Bío, y ha solicitado penas de hasta 25 años contra los diez acusados.
Según medios chilenos, la fiscal Pamela Lillo acreditó en su acusación los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, comercio ilegal y administración ilegal de juegos de azar. La preparación del juicio fue agendada por el Juzgado de Garantía de Concepción para el 22 de junio.
Como se recuerda, en septiembre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía llevaron a cabo un megaoperativo contra el juego ilegal en siete regiones, el cual concluyó con la incautación de unas 1.500 máquinas de juego y la detención de al menos 20 implicados en Concepción.
De ese grupo, la Fiscalía decidió llevar a juicio por ahora a 10 imputados. La pena solicitada más alta apunta contra Marlo Alarcón Opazo, presunto cabecilla de la red que habría manipulado unos CLP 4.300 millones entre 2020 y 2023, y para quien la fiscalía ha pedido 25 años de prisión.
El jefe jurídico de la Municipalidad de Concepción, Rodrigo Díaz, destacó el avance de la causa, a través de la recopilación de pruebas para sancionar las conductas e ilícitos investigados. “Valoramos enormemente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público y las policías”, afirmó.
“Se trata de una causa de gran magnitud, iniciada de manera reservada por la Fiscalía. El cierre de esta investigación y su eventual paso a juicio oral demuestra que, a juicio de la fiscal a cargo, existen antecedentes, diligencias y medios de prueba relevantes en el proceso”, prosiguió.
El abogado municipal indicó el juicio servirá para definir si las máquinas de estos casinos son o no de azar, uno de los puntos centrales del caso. “[Se podrá] determinar si los softwares utilizados constituyen efectivamente juegos de azar o de habilidad, cuestión jurídica y técnica que ha sido ampliamente discutida”, acotó.
Por su parte, el abogado Pablo Larredonda Alcayaga, defensor de los acusados, expresó su confianza en obtener un veredicto absolutorio, asegurando que los tragamonedas incautados son de destreza y descartando que puedan ser catalogadas como de azar.
“No se puede categorizar una máquina de azar por el hecho que le otorgue un premio. [...] No estamos obligados a probar que las máquinas son de habilidad o destreza, sino que estamos obligados a introducir la duda razonable respecto del carácter azaroso de esas máquinas”, arguyó.
“Entonces, si no hay máquinas de azar, no hay nada. No hay lavado, no hay comercio clandestino, no hay asociación ilícita, no hay nada. Y eso lo sabe el Ministerio Público”, concluyó el abogado.