Colombia: Coljuegos y la Fiscalía suspendieron un torneo de póker tras un operativo en Barranquilla

Coljuegos, ente regulador de juegos de suerte y azar en Colombia, realizó un operativo junto con la Fiscalía General de la Nación contra la presunta operación ilegal de un torneo de póker realizado en Barranquilla, el cual no contaba con el respectivo contrato de concesión y no pagaba los derechos de explotación.

Tras la diligencia fueron retirados 1.869 elementos utilizados en las apuestas de póker. Entre los elementos incautados se encuentran fichas de póker, juegos de naipes, relojes de tiempo, tarjetas de corte, mesas, facturas, entre otros.

Al respecto, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, comentó: “Queremos ser enfáticos: el póker no es un deporte, es un juego de suerte y azar contemplado en la Ley 643 de 2001. [...] Según nuestro ordenamiento jurídico, ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley”.

“Todo campeonato de póker debe contar con la respectiva autorización de Coljuegos, dado que, según la ley, este juego de suerte y azar debe pagar los respectivos derechos de explotación para operar de manera legal. Cada partida ilegal de póker representa recursos perdidos para el sistema de salud subsidiado”, prosiguió.

Desde Coljuegos indicaron que, según la Ley 643 de 2001, el póker es “un juego que entra en la modalidad de localizados, puesto que solo puede operar en mesas de casinos autorizados”. Por ello, añadieron, “no es reconocido como un deporte mental, toda vez que en su desarrollo intervienen la suerte y el azar”.

Acusan a Coljuegos

La Federación Colombiana de Póker rechazó la intervención de Coljuegos contra el Campeonato Colombiano de Póker, y negó que el torneo no contara con la autorización necesaria, ya que se trataba de “un evento deportivo oficial, reconocido y cofinanciado por el propio Estado colombiano”.

En un comunicado, indicaron que el certamen “fue interrumpido mediante un operativo desproporcionado e intimidatorio, ejecutado con presencia de agentes armados y militares, como si se tratara de una operación contra la delincuencia”.

La intervención de Coljuegos, agregaron, “fue la suspensión violenta de una competencia deportiva respaldada por el Ministerio del Deporte”, entidad que “cofinancia directamente este campeonato”.

Intervención de Coljuegos

En esa línea, reclamaron que atletas, competidores, organizadores, colaboradores y ciudadanos fueron tratados como delincuentes, constituyendo no solo un daño material, sino también psicológico.

A partir de ello, afirmaron que no es “un hecho aislado” y que Coljuegos “ha ignorado reiteradamente los actos administrativos vigentes del Ministerio del Deporte, ha desconocido la normativa deportiva del país y ha actuado por fuera de sus competencias legales”.

“Ya en diciembre de 2025, el propio Ministerio del Deporte negó formalmente la solicitud de revocatoria del acto administrativo promovida por Coljuegos, ratificando que esta disciplina pertenece al Sistema Nacional del Deporte. Pese a ello, la persecución continúa”, lamentaron.

Respuesta a la federación

Por su parte, Hincapié expresó: “Hemos demandado ante lo contencioso la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró el póker como un deporte mental, toda vez que la ley es clara al determinar que se trata de un juego de suerte y azar”.

“Hemos hecho reuniones con el ICBF y los ministerios de Educación y de Salud, y hemos oficiado a las secretarías de Educación de Cesar y Valledupar porque están dando clases de póker en los colegios. No vamos a permitir que, por una equivocada interpretación, se incentive que los niños, niñas y adolescentes entren al mundo de las apuestas”, acotó.

A su vez, el funcionario indicó que dichos torneos de póker “estarían cobrando millonarias sumas por la inscripción de los participantes”, y entregando “grandes sumas en premios de manera ilegal”.

“Desde Coljuegos, seguiremos siendo implacables contra quienes quieren promover la ludopatía en niños, niñas y adolescentes, y contra quienes operar juegos de suerte y azar sin autorización de nuestra entidad y sin pagar los derechos de explotación”, concluyó Hincapié.