Quiniela en Paraguay: ¿El fin del monopolio o el inicio de un nuevo desafío regulatorio?

Hace una semana, se marcó un hito en la historia de la industria del juego en Paraguay, cuando la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) anunció la adjudicación de dos nuevos concesionarios para la explotación del juego de azar Quiniela. 

En la siguiente nota, Carlos Sacco Rodríguez, abogado - consultor jurídico especialista en la industria del juego, analiza tan importante paso que se ha dado en el mercado paraguayo. 

La promulgación de la Ley N.º 7438/2025 marca, sin lugar a duda, un punto de inflexión en el régimen jurídico de explotación del juego de azar denominado quiniela en Paraguay. Se trata de un cambio estructural que pone fin al modelo monopólico que, durante años, caracterizó la concesión de este juego, dando paso a un esquema de libre competencia de operadores dentro del marco de la legalidad.

Este tránsito normativo no es menor. Es el resultado de un proceso sostenido de debate, impulsado por diversos sectores, como ser operadores de juego, organizaciones, profesionales del foro y legisladores que cuestionaban la eficiencia y equidad del modelo anterior. Sin embargo, la mera eliminación del monopolio no implica, por sí misma, la solución de los problemas estructurales del sector.

Bajo el esquema previo, la lucha contra la explotación clandestina recaía, en gran medida, en un único operador legal. En ese contexto, el monopolio no solo implicaba exclusividad económica, sino también una carga operativa en términos de control y denuncia de la ilegalidad. Con la nueva configuración, este escenario cambia: ya no será una sola Empresa la que asuma dicha responsabilidad, sino las operadoras habilitadas, lo que podría generar una mayor capacidad de detección y denuncia de actividades ilícitas.

No obstante, este nuevo paradigma plantea interrogantes relevantes. La competencia entre operadores legales, lejos de ser un fin en sí mismo, debe traducirse en mayores niveles de cumplimiento normativo (compliance), transparencia y eficiencia en la recaudación fiscal. En particular, el incremento en el pago de cánones y las mayores exigencias regulatorias deben ir acompañados de un fortalecimiento efectivo del control estatal.

En este punto, el rol de la autoridad reguladora, hoy en el ámbito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de su Dirección Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) resulta determinante. La expectativa del sector es clara: si el Estado exige más a los operadores formales, debe, en paralelo, intensificar las acciones contra el juego ilegal, que continúa expandiéndose de manera preocupante.

Es imperativo recordar que la explotación de juegos de azar sin la debida autorización no es solo una falta administrativa, sino un delito de acción penal pública, perseguible de oficio por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Bajo el amparo de la Ley N° 4716/2012, esta actividad se configura como un delito económico contra el erario, dado que opera al margen de toda carga tributaria y responsabilidad social, se castiga penalmente a quien explota, organiza o distribuye juegos clandestinos y la responsabilidad alcanza también al participante o apostador que consciente y a sabiendas de que se trata de un juego no autorizado juega, con penas privativas de libertad de hasta cinco años. El Desafío actual reside en que, mientras el mercado legal se vuelve más exigente y regulado, la actividad clandestina continuará expandiéndose, operando al margen de toda carga tributaria, control o responsabilidad social.

En síntesis, el fin del monopolio en la Quiniela Paraguaya no debe interpretarse como un punto de llegada, sino como el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que coexistirán operadores legales, pero en la que el verdadero desafío seguirá siendo el mismo: COMBATIR EFICAZMENTE LA ILEGALIDAD.

Porque, en definitiva, el problema nunca fue exclusivamente el Monopolio. El problema y la deuda pendiente sigue siendo el control del juego ilegal por parte de los órganos del Estado.