Exigen al Gobierno de Córdoba que brinde detalles sobre la situación del juego online en la provincia

El concejal de la ciudad de Córdoba, Sergio Piguillem (Bloque UCR), presentó una acción de amparo por mora contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba porque, según explicó, sigue sin responder un pedido de acceso a la información pública del juego online.

La causa se encuentra radicada en la Cámara Contencioso Administrativa de 1a Nominación. El origen del conflicto judicial está en el incumplimiento de los plazos previstos por la Ley N° 8.803 de acceso a la información pública.

Concejal Sergio Piguillem

De acuerdo a la demanda, Piguillem ingresó un pedido el 3 de marzo último, a través de la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno. El trámite fue digitalizado y derivado a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, al día siguiente. Pasó más de un mes y el edil no recibió ninguna respuesta.

El amparo busca que la Justicia intime al Gobierno de Córdoba a detallar aspectos críticos de la aplicación de la Ley N° 10.793, que regula las apuestas online en la provincia, desde octubre de 2024.

Algunos de los datos solicitados por Piguillem son: el destino y uso del canon abonado por las empresas licenciatarias; las acciones llevadas a cabo para concientizar sobre el juego problemático; información sobre el Registro de Jugadores, específicamente la cantidad de inscriptos y sus edades; y la copia de los pliegos de las licencias otorgadas.

Solicite informacion pública elemental sobre la aplicacion de la ley de Juego On Line y el Gobernador @MartinLlaryora no contesto. Frente a esa negativa pedi a la Justicia que ordene al gobierno informar sobre el juego online en Córdoba https://t.co/dcTT5PVksr

— Sergio Piguillem (@sergiopiguillem) April 7, 2026

Al referirse a la presentación judicial, el concejal fue crítico con la gestión del gobernador Martín Llaryora, cuestionando la falta de transparencia, y también alertó sobre la falta de respuestas que ha denunciado a nivel municipal.

“Otra vez nos llevan al extremo de tener que acudir a la Justicia para obtener datos elementales”, expresó y destacó que la documentación solicitada es “información básica” que debería estar a disposición del público.