La falta de consenso sobre el tamaño del mercado ilegal de apuestas en Brasil se evidenció en una audiencia realizada en la Cámara de Diputados el martes 24 de marzo. La reunión fue impulsada por la Comisión Externa sobre los Actos de Piratería y el Programa Jurídico del Brasil.
Responsable de convocar la reunión, el diputado Julio Lopes (PP-RJ) criticó la disparidad entre los datos presentados por el gobierno y por representantes del sector, según la publicación de la Agencia Cámara de Noticias.
Por un lado, el coordinador general de Regulación de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, Leandro Lucchesi, citó estimaciones que indican que hasta el 70% de las apuestas ya se insertarían en el mercado regulado. Por otra parte, las asociaciones de la industria indicaron que los operadores ilegales siguen dominando aproximadamente la mitad del sector.
"Creo, honestamente, que es absurdo que haya una discrepancia tan grande entre la opinión del gobierno y la opinión de los caballeros sobre la ilegalidad. Sería importante que se unieran para que tengamos unos datos más cercanos a la realidad", comentó Lopes.
Según el diputado, la diferencia entre las estimaciones asciende a miles de millones de reales, y es “improbable” que un mercado tan profesionalizado como el brasileño aún no cuente con indicadores precisos.
En respuesta, Lucchesi señaló que las cifras actualmente disponibles se basan en estudios privados y no tienen validación oficial. "La SPA, en realidad, no respalda ninguno de estos indicadores. Estamos realizando un acuerdo de cooperación técnica con Ipea [Instituto de Investigación Económica Aplicada] para tener este indicador, entre otros", explicó.
Precisamente porque los operadores ilegales operan ilegalmente, sin recaudar impuestos y sin supervisión, no es posible saber la cantidad exacta de dinero que manejan estas plataformas. Las estimaciones pueden variar en función de la fuente responsable del análisis.
Además de la divergencia estadística, los expertos han advertido del impacto económico de las prácticas clandestinas en el sector. La directora ejecutiva del Laboratorio de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (LabSul), Letícia Ferraz, presentó estimaciones que indican un escenario considerado como preocupante.
Según ella, mientras que el mercado legal facturó BRL 37.000 millones (USD 7.051 millones) en 2025 y generó BRL 9.900 millones (USD 1.886 millones) en ingresos, el segmento ilegal podría alcanzar entre BRL 26.000 millones (USD 4.955 millones) y BRL 40.000 millones (USD 7.623 millones) al año.
Entre las medidas propuestas figuran la creación de un entorno reglamentario más competitivo, la aprobación del proyecto de ley de lucha contra el mercado ilegal (PL 4044/25), además de la aplicación de un sello distintivo para los operadores regulados.
El sistema de pago también ha sido señalado como uno de los principales cuellos de botella en el tratamiento de plataformas ilegales. Ana Bárbara Teixeira, miembro de la Asociación Internacional de Juegos de Azar (Aigaming), destacó las dificultades para controlar el acceso al Pix.
"La pata con la que estamos teniendo más problemas hoy es el sistema financiero, es como si las apuestas ilegales tuvieran acceso al Pix", comentó. Sugirió que los operadores regulados tengan acceso a herramientas como la lista de defraudadores del Banco Central para fortalecer las acciones para prevenir el lavado de dinero.
Los representantes de la industria también advirtieron sobre los efectos de la inseguridad regulatoria. Para el presidente de la Asociación Brasileña de Juegos y Loterías (Abrajogo), Witoldo Hendrich Júnior, las propuestas de aumento de impuestos y restricciones a la publicidad pueden tener un efecto contrario al deseado.
"La exageración está empujando al jugador y en última instancia a la sociedad a la piratería", sostuvo.
En el campo técnico, el gerente de supervisión de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Gianluca Fiorentini, explicó que la agencia enfrenta limitaciones operativas para bloquear sitios ilegales, actuando solo por órdenes de la SPA.
"Anatel no tiene los medios legales-fácticos para mover el retiro del contenido por su cuenta. Ella no tiene competencia para esto", advirtió.
Entre los principales desafíos están el uso de tecnologías que enmascaran la ubicación de los usuarios y la rápida aparición de nuevos dominios que pueden superar los bloqueos en pocos minutos.
Al término de la audiencia, Julio Lopes afirmó que la comisión está dispuesta a remitir demandas al Banco Central y a otros organismos, con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado vinculado a las apuestas ilegales.