Decomisaron 29 tragamonedas ilegales y más de USD 8.000 tras un operativo en San Juan y Cataño

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en coordinación con las fuerzas policiales, llevó a cabo un operativo contra las máquinas de juegos de azar en ruta que funcionan sin autorización, el cual concluyó con el decomiso de 29 tragamonedas y USD 8.347 en efectivo.

El allanamiento, que se realizó en las comunas de San Juan y Cataño, es parte de los esfuerzos de fiscalización tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de confiscaciones adoptado bajo la ley vigente.

Según detallaron, en un establecimiento en San Juan se confiscaron 12 máquinas y USD 7.910 en efectivo. Por otro lado, en otro local del sector Las Palmas en Cataño se decomisaron 17 máquinas y USD 437.

La intervención representa el segundo operativo realizado por la comisión desde que entró en vigor el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, adoptado por la Comisión de Juegos y la Policía de Puerto Rico para establecer el procedimiento formal para estas intervenciones.

Al respecto, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, expresó: “Este segundo operativo demuestra que el proceso de fiscalización continúa activo. Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”.

El funcionario recordó que, tras la aprobación de la nueva ley y la implementación del reglamento, se otorgó un periodo para que operadores y comerciantes pudieran regularizar sus máquinas y cumplir con los requisitos establecidos.

Por su parte, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, sostuvo: “Este tipo de operativo responde a nuestro compromiso firme con hacer cumplir la ley y garantizar que las máquinas de juegos de azar operen dentro del marco regulatorio establecido”.

“La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”, añadió.

Según dispone la ley, todo dueño de máquina, operador, propietario de negocio o cualquier persona que opere una máquina de manera ilegal incurre en un delito menos grave y se expone a una pena de hasta seis meses de cárcel, multas de hasta USD 10.000, o ambas penas, a discreción del tribunal, además de la posible revocación de permisos.