La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) hizo un llamado a endurecer la regulación de los juegos de azar en España, tanto en el sector presencial como el online, con el objetivo de garantizar “una mayor protección de la salud pública, especialmente en jóvenes y sectores vulnerables”.
Con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, la asociación advirtió sobre los resultados del informe sobre adicciones comportamentales de 2025, elaborado por el Plan Nacional Sobre Drogas, y cuestionó que un 13% de alumnos de secundaria haya accedido a plataformas de iGaming, y que 20,9% haya jugado de manera presencial.
Según la UNAD, los actuales mensajes de responsabilidad en el juego “resultan poco efectivos para prevenir daños reales”, por lo que es necesario que la información destinada a los usuarios “sea transmitida de manera clara, comprensible y respaldada por evidencia científica”.

En esa línea, afirmaron que los mensajes deben “reflejar de forma explícita los riesgos relacionados con la práctica del juego, en especial los efectos sobre la salud física y mental, además de las repercusiones sociales que supone el desarrollo de conductas problemáticas asociadas al juego”.
La asociación informó, a su vez, que en el último año atendió a 1.189 personas con adicciones no relacionadas con sustancias, de las cuales el 70% eran hombres y el 30%, mujeres, con un rango de edad entre los 26 y 33 años. Además, un porcentaje relevante de menores recibió atención: el 20% en el caso de las mujeres y el 18% en los hombres.
En este contexto, la UNAD afirmó que la promoción del juego entra en contradicción con los principios de prevención de conductas adictivas y reiteró la necesidad de prohibir de manera total la publicidad relativa al juego, alineando esta medida con las restricciones que existen actualmente para la promoción del tabaco y el alcohol.
Por último, exigieron nuevamente que se apruebe de manera urgente el Real Decreto que modifica los límites de depósitos permitidos en las plataformas de juego online y que se impulse la armonización normativa de la regulación del juego presencial, con énfasis en la protección de menores y personas consideradas vulnerables.