Desmonopolización del juego: Experiencias de Uruguay y Paraguay

Un punto clave en el avance de la regulación del mercado de apuestas y juegos de azar en Latinoamérica es la desmonopolización. Paraguay y Uruguay son dos casos ejemplo de esta tendencia.

En el siguiente artículo, Javier Balbuena y Luis Gama, exreguladores de cada país, hacen un análisis sobre el camino recorrido y las metas a futuro en este proceso.  

La desmonopolización del sector del juego se ha convertido en uno de los debates regulatorios más relevantes de la región. Mientras algunos países comienzan a revisar modelos históricos de exclusividad, otros avanzan decididamente hacia esquemas de mayor competencia, con el desafío de mantener un control estatal eficaz y una protección real al jugador. Las experiencias de Uruguay y Paraguay ofrecen una mirada complementaria sobre este proceso, a partir de las opiniones de dos ex reguladores del sector.

La experiencia en Uruguay: Los riesgos del monopolio

Consultado sobre los efectos que genera la concentración del mercado en el sector del juego, Luis Gama, ex regulador de Juegos de Uruguay y actual socio director de Gaming Consultores, advierte sobre los riesgos estructurales que implica operar bajo un régimen sin competencia.

Cuando se actúa en régimen de monopolio, con juegos asignados en exclusividad y sin ningún tipo de competencia, el operador privado concentra inevitablemente poder económico, comunicacional y regulatorio de facto. El monopolio es, en sí mismo, uno de los escenarios más negativos para el desarrollo responsable del juego. La ausencia de competencia elimina incentivos para mejorar prácticas, innovar en mecanismos de control, transparentar información y elevar estándares de protección al jugador.

Al profundizar en el impacto directo que este modelo tiene sobre los usuarios y el equilibrio del sistema, el ex regulador pone el foco en la falta de opciones y en la necesidad de una regulación estatal sólida.

Cuando no hay alternativas, el usuario queda cautivo: no puede elegir operadores con mejores políticas de juego responsable, mejores herramientas de autoexclusión o mayor compromiso social. La diversidad de operadores, bajo una regulación estatal fuerte y transparente, permite equilibrar intereses: fomenta la innovación, mejora la protección al jugador y evita que un solo actor imponga su narrativa, sus reglas y sus prioridades económicas.

Paraguay: El inicio de un proceso de desmonopolización

Al ser consultado sobre el cambio de paradigma que vive el sector del juego en Paraguay, Javier Balbuena, ex regulador de juegos de azar del país y actual socio director de Gaming Consultores, explica por qué la nueva normativa marca un antes y un después en la regulación del mercado.

La aprobación de la Ley 7438/2025 marcó un punto de inflexión en la regulación de los juegos de azar en Paraguay, poniendo fin al monopolio que había caracterizado al sector durante décadas. Según Balbuena, la nueva ley busca modernizar el marco legal y adaptarlo a la realidad actual del mercado. "La antigua ley, establecida en 1997, ya no respondía a las necesidades del sector, y su rigidez había generado un estancamiento en la innovación y la inversión".

Al profundizar en los objetivos de la desmonopolización, el ex regulador detalla los beneficios que la apertura del mercado puede generar tanto para el Estado como para la industria.

La liberalización del mercado, permitiendo la entrada de más de un operador por modalidad de juego, busca fomentar la competencia, mejorar la calidad del servicio y aumentar la recaudación estatal. Según Balbuena, "la desmonopolización puede ser beneficiosa para el sector, ya que atrae inversión, genera empleo y aumenta la contribución fiscal".

Conclusión

Desde la mirada de ambos ex reguladores, la desmonopolización del juego no debe entenderse únicamente como una apertura del mercado, sino como una oportunidad para fortalecer la regulación, mejorar la protección al jugador y modernizar el sector. Tanto el escenario actual de Uruguay como el proceso en marcha en Paraguay muestran la necesidad de una competencia, acompañada por un Estado fuerte, transparente y técnicamente preparado, en donde se pueden generar mejores estándares operativos, mayor innovación y un equilibrio más sano entre intereses públicos y privados. Coinciden en que el verdadero desafío no radica solo en el diseño normativo, sino en su correcta implementación y en la capacidad del regulador para garantizar reglas claras, previsibilidad y control efectivo, condiciones indispensables para construir un mercado de juego responsable, competitivo y sostenible en el largo plazo.