La Cámara de Diputados y el Senado regresaron del receso parlamentario este lunes 2 de febrero. Con ello, se reanudan los trabajos en las comisiones y las votaciones en el pleno. Entre los proyectos de ley (PL) que esperan ser debatidos, hay uno que puede afectar directamente al sector de los juegos y las apuestas.
En diciembre, el Senado aprobó una sustitución del PL Antifacção presentado por el senador Alessandro Vieira (MDB-AL). El parlamentario incluyó en el texto la denominada Contribución de Intervención en el Dominio Económico sobre las apuestas (CIDE-Bets).
Se trata de un nuevo impuesto que prevé una tasa del 15% sobre el valor de cada depósito realizado por el usuario, reteniendo la cantidad en el momento de cada apuesta. Se estima que el impuesto podría generar hasta BRL 30.000 millones (USD 5.706 millones) al año para ser utilizados en el área de la seguridad pública, como en operaciones de inteligencia, estructuras integradas de represión y prisiones federales.
Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por el sector de las apuestas, que aseguró que puede tener el efecto contrario al deseado y acabar fortaleciendo el mercado ilegal. En este, el apostador no estaría sujeto a la CIDE-Bets y, por lo tanto, gastaría menos para realizar sus apuestas.
“Hoy en día, según una investigación de LCA, el 51% de las plataformas de apuestas en Brasil operan de forma ilegal, moviendo hasta BRL 78.000 millones (USD 14.835 millones) anuales, con más de la mitad de ese volumen fluyendo sin pagar impuestos. El sector regulado (49%) debería recaudar BRL 9.000 millones (USD 1.711 millones) en impuestos federales en 2025, además de otros como el PIS, el COFINS y el ISS, que suman una base importante de financiación pública. Un nuevo impuesto sobre los depósitos amenaza con canibalizar esta recaudación ya existente, ya que reduce el espacio del mercado regulado y amplía el de la clandestinidad", afirmó una nota del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR).
El instituto también criticó las estimaciones de recaudación presentadas por el gobierno. La propuesta prevé generar BRL 30.000 millones (USD 5.706 millones) anuales, una cifra que se aproxima a la facturación total del mercado regulado, que ronda los BRL 37.000 millones (más de USD 7.000 millones). Para el IBJR, las cuentas no cuadran y parten de una "premisa financiera inexistente", lo que haría económicamente inviable el funcionamiento de las empresas formales.
En este momento, el texto está a la espera de ser votado en la Cámara de Diputados: el PL Antifacção ya había sido aprobado en la Cámara, pero, al haber sufrido modificaciones en el Senado, es necesario que la Cámara evalúe los cambios antes de que sea sancionado por el presidente. Corresponde a los diputados decidir si mantienen la CIDE-Bets o si vuelven al texto original, que no preveía este impuesto.
Según el sitio web Poder360, el PL Antifacção debe ser una de las prioridades del Congreso en este primer semestre. Esto se debe a que, en el segundo semestre, se espera que los trabajos legislativos en Brasilia (DF) se vean mermados debido a la campaña electoral. Sin embargo, aún no hay una previsión de cuándo se debatirá el proyecto en la Cámara.