A días del inicio del proceso de interconexión de las máquinas de juegos de azar en ruta o tragamonedas, dictaminado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, advierten que existen vacíos legales que siembran incertidumbre respecto de las máquinas con limitaciones tecnológicas.
Así lo reveló, en diálogo con el medio local Noticel, el abogado Graciani Betancourt, quien representa a 30 de unos 110 operadores de dichas terminales con limitaciones que operan actualmente en la isla en barras, cafetines, gasolineras y colmados.
Cabe recordar que el Gobierno de Puerto Rico confirmó en diciembre de 2025 que comenzará a ejercer control directo sobre los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar en ruta a partir del 14 de enero de 2026. El proceso, conocido como interconexión, es obligatorio.
A partir de ello, se prevé que cada operador desembolse cerca de USD 110.000 para instalar el software requerido para garantizar la transmisión de datos. Ante ello, Betancourt señaló que no está claro qué pasará con las máquinas con limitaciones que sólo pueden reportar información básica de ingresos y premios pagados.
“La orden de la Comisión sólo se concentra en el periodo de transición y no establece qué pasará luego de abril de 2027, cuando culmina ese término ni establece que las máquinas con limitaciones tecnológicas podrán operar al culminar el periodo de transición”, sostuvo.
Juan Carlos Santaella
“La orden tampoco dispone cuáles son los tipos de máquinas que los operadores pueden adquirir una vez comience la transición”, acotó.
En ese contexto, Betancourt intentó contactarse la Comisión de Juegos y su titular, Juan Carlos Santaella Marchán, para abordar el tema, pero no obtuvo respuestas.
Sin embargo, el abogado advirtió que, de acuerdo a conversaciones entre empleados de la Comisión de Juegos y algunos de sus clientes, supo que “las máquinas con limitaciones tecnológicas sólo podrán operar durante el periodo de transición, pero no luego de culminar dicho periodo”.
En esa línea, recordó que el 90% de las máquinas en la isla que cuentan con licencia —unas 23.000— son definidas como máquinas con limitaciones tecnológicas y que, por ley, deberían seguir operando.
“La orden [para iniciar la interconexión] es ambigua; no provee la información suficiente que necesita la industria en estos momentos para poder operar durante el periodo de transición y una vez culmine. Esto es importante, pues la transición solo dura un año, mientras que la permanencia operacional ocurre luego de ese año”, cuestionó.