La legislatura de Florida, Estados Unidos, busca tomar acciones contra los casinos offshore, es decir que operan fuera de la jurisdicción legal y sin licencia en ese estado, a través de un nuevo proyecto de ley que recientemente fue radicado.
Se trata del HB 591, que según medios locales es una “extensa propuesta”, que a pesar de encontrarse en sus primera etapas, representaría la reforma más completa a las leyes estatales del juego, pues introduce nuevos delitos criminales, sanciones para actividades no autorizadas y la redefinición de estatutos ya existentes.
El proyecto se enfoca principalmente en actividades en línea y tráfico de máquinas tragamonedas, pues establece como delito grave de primer grado el tráfico de estas máquinas o sus componentes, acompañado de multas establecidas que oscilan entre los USD 100.000 y USD 500.000, dependiendo del volúmen de las máquinas.
Por otro lado, la iniciativa busca analizar y revisar las reglas que componen la Comisión de Control de Juegos de Florida, lo que permitirá actualizar requisitos de clasificación para comisionados y aumentar el impacto autoritario del organismo en áreas vinculadas a operaciones en línea y tecnología.
Otra de las modificaciones más significativas es que la legislación buscaría definiciones más específicas tanto para ‘Juegos de azar en internet’ como para ‘apuestas deportivas en línea’, lo que mejoraría la efectividad de la persecución de fiscales estatales.
La nueva legislación ya tomó su proceso en el cuerpo legislativo de Florida, pese a que otras medidas referentes al juego para limitar el funcionamiento de los casinos sin licencia a instancias de la Tribu Seminole, se han estancado allí.
Y es que precisamente una de las particularidades del HB 591 es que no incluye a los casinos de la tribu Seminole. Esto se debe a un acuerdo firmado entre la tribu y el Gobierno de Florida, con el que los ingresos de juego provenientes de los nueve casinos físicos y empresas de juegos de azar ayudan a financiar diferentes proyectos del estado.
El acuerdo está vigente desde el 2021 y posteriormente, en el 2024 se firmó el Proyecto de Ley del Senado 1638 con el que, incluso, se asignan fondos de estos ingresos a proyectos ambientales.
Todo lo anterior se apoya en la aprobación de la Ley de Regulación del Juego Indígena en 1988, con la que la tribu seminole y otras tribus indígenas reconocidas pueden operar casinos legales en sus territorios.
Por ahora, el proyecto está radicado y en caso de que sea promulgado por el gobernador y aprobado en ambas cámaras legislativas, las modificaciones y adiciones entrarían en vigor a partir del 1 de octubre del 2026, con un periodo de implementación de aproximadamente 10 meses.
Lo anterior daría el tiempo necesario para que los operadores en zonas grises, es decir, que no están regulados ni licenciados por las autoridades de Florida o de Estados Unidos sino que están establecidos en otros países con leyes de juego más permisivas, evalúen las condiciones de su operación y busquen licencias apropiadas.