La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile informó que, entre 2018 y agosto de 2025, ha recibido 259 reclamos relacionados con plataformas de iGaming, entre los que destacan impedimentos para cobrar premios e irregularidades en el desarrollo del juego.
Desde el ente presidido por Vivien Villagrán señalaron que, dado que no poseen facultades respecto de dichas plataformas, cumplieron con denunciarlas ante el Ministerio Público y que hasta la fecha se ha denunciado alrededor de 213 sitios web ilegales.
A partir de ello, recordaron que la explotación del juego online requiere “una ley que los autorice” y que, “mientras esto no ocurra, es una actividad totalmente ilegal”.
En consecuencia, la SCJ advirtió sobre los impactos negativos del juego online ilegal, como la nula recaudación fiscal, la ausencia de políticas de juego responsable y la exposición de menores de edad a juegos de azar.
Para la SCJ, la necesidad de regular el juego online "es evidente”, por lo que instaron a la aprobación de “una ley moderna” que establezca reglas claras, mecanismos de control efectivos y estándares exigentes de transparencia y juego responsable.
“Solo así podremos proteger a la ciudadanía frente a fraudes, promover un entorno seguro y garantizar que esta actividad económica funcione de manera ordenada y responsable”, remarcaron.
“En la SCJ seguimos trabajando con criterio técnico y regulatorio, impulsando políticas de educación, prevención y juego responsable, y aportando al debate legislativo para que Chile cuente con un marco normativo que resguarde a todas las personas usuarias y garantice la integridad del sector”, concluyeron.
Cabe indicar que, a mediados de agosto, el Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas online. Ahora, continuará su debate en particular —es decir, se discutirá cada uno de sus artículos— en las comisiones de Economía y de Hacienda.
Desde el Ministerio de Hacienda chileno destacaron que el proyecto de ley tiene como objetivos proteger la salud y la seguridad de quienes juegan, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, a la vez que transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas.