La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó a Coljuegos, ente regulador de Colombia, el bloqueo inmediato de la empresa Polymarket, plataforma de mercado de predicciones basada en criptomonedas, a la que acusan de ofrecer apuestas online sobre resultados electorales en dicho país.
Según advirtieron, la plataforma en cuestión permite a sus usuarios apostar con dinero digital sobre distintos escenarios políticos, económicos y sociales en todo el mundo.
En el caso de Colombia, Polymarket ofrece apuestas sobre los comicios presidenciales que se celebrarán en 2026, con candidatos como Abelardo de la Espriella (37%), Vicky Dávila (15%), Iván Cepeda (13%) y Sergio Fajardo (12%) concentrando las mayores probabilidades en la propia plataforma.
En este contexto, el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero Cárdenas, afirmó que “esto no sólo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”.

De acuerdo a la federación, la plataforma con sede en Estados Unidos vulnera el marco legal colombiano, que “establece que únicamente están permitidas modalidades como casino, ruleta, bingo, póker y apuestas sobre eventos deportivos reales”.
“Las apuestas de carácter político no están contempladas en la regulación vigente y, por tanto, su operación constituye un delito sancionable con medidas administrativas, procesos legales e incluso sanciones penales”, explicaron.
Además, alertaron que Polymarket opera con dinero digital, un medio de pago que no está autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. Esto incrementa los riesgos en materia de trazabilidad, lavado de activos y protección del consumidor, debilitando los principios de transparencia y legalidad que caracterizan al sector formal.
“Desde Fecoljuegos solicitamos a Coljuegos y a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para frenar esta actividad ilegal, proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del sistema democrático. No podemos permitir que plataformas sin control vulneren la confianza ciudadana ni desvíen recursos que deben beneficiar al país”, concluyó el comunicado.