La Comisión de Justicia del Congreso de Perú aprobó el dictamen que busca penalizar el fraude o la manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales, con agravantes cuando el ilícito esté vinculado a apuestas o cometidos por actores directos del deporte.
La iniciativa fue aprobada con 19 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y pasará ahora al pleno del Parlamento peruano para su debate y eventual aprobación.
El texto planteado propone incorporar el artículo 197-A al Código Penal, que sancionará con una pena de entre tres y seis años de prisión a aquel que, “directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé una ventaja indebida a otra persona, para sí, para un tercero o una entidad, con el objetivo de alterar indebidamente el resultado deportivo o el curso de una competición deportiva”.
La pena será de entre cuatro y ocho años de prisión cuando “la conducta sea cometida por un deportista, personal administrativo o deportivo, entrenador, árbitro, agente o representante de deportistas, personal médico, dirigente de un club deportivo, liga o federación deportiva y otras personas que tenga participación o influencia directa o indirecta en la actividad, evento o competición”.
También cuando “los actores estén destinados a apuestas deportivas o intervengan sus operadores”.
La iniciativa precisa que se entiende como toda competencia deportiva oficial a aquella que es organizada por federaciones deportivas reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), como la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
El pleno del Congreso
Durante el debate en la comisión, el impulsor de la ley, el congresista Segundo Quiroz, advirtió: “El proyecto presentado tiene como finalidad incorporar al código penal el delito de fraude en los partidos de fútbol profesional, ya que esto constituye una amenaza real contra la integridad del deporte”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, resaltó que la tipificación permitirá al sistema judicial investigar y sancionar con mayor claridad este tipo de conductas.
Cabe recordar que, en julio, el Gobierno peruano decidió observar la autógrafa de ley que tipificaba como delito el amaño o la manipulación de resultados deportivos y, a su vez, corregía la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las apuestas realizadas en plataformas de iGaming nacionales y extranjeras.
Para argumentar su decisión, el gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte arguyó que la tipificación del amaño de resultados deportivos como delito “es antitécnica en materia penal”, pues enmarcaría como delitos informáticos hechos que ya están tipificados en el Código Penal.
La norma aprobada por el Congreso establecía que el amaño para obtener beneficios en apuestas deportivas sería un delito informático. Sin embargo, para el Ejecutivo se trataría de un delito de cohecho.