La Asociación de Software de Puntos de Venta (ASOPOS), organización que agrupa a empresas dominicanas desarrolladoras de tecnología para el sector de loterías, manifestó su preocupación por el proyecto de Ley de Juegos de Azar que actualmente se debate en el Senado de la República y que fue propuesto por el actual Gobierno.
A través de un comunicado de prensa, la agremiación lamentó que, pese a haber participado en consultas previas con entidades como el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General y la Presidencia, no fue formalmente incorporada al proceso legislativo actual, aún cuando el proyecto menciona explícitamente a los programadores de software como sujetos regulables.
Desde ASOPOS reconocieron el esfuerzo del Estado por establecer un marco legal más moderno y transparente con la iniciativa y destacaron positivamente la inclusión de los sorteos generados por terminales como sorteos públicos, "promoviendo la fiscalización objetiva".
Sin embargo, advirtieron sobre varios aspectos que consideran preocupantes como la responsabilidad penal del desarrollador, pues la actual redacción del proyecto permite interpretar que los programadores podrían ser penalizados por “facilitar apuestas”, cuando su rol es exclusivamente técnico. En este aspecto, ASOPOS propuso que su responsabilidad se limite a verificar que los clientes estén legalmente constituidos.
Otro punto cuestionado tiene que ver con la emisión de nuevos productos, ya que, para la entidad, el proceso de innovación tecnológica no debe requerir autorizaciones estatales en la etapa de desarrollo, sino solo al momento de su lanzamiento comercial.
De igual manera, solicitaron que la ley reconozca expresamente los productos actualmente en operación y que se establezcan límites por modalidad de apuesta, en lugar de hacerlo por producto individual, para asegurar claridad regulatoria y evitar abusos.
En cuanto a las pizarras de premios, sugirieron que se reconozca la publicación de resultados a través de medios visuales como una forma legítima de informar al público, siempre y cuando cumplan con estándares técnicos.
La asociación también argumentó que el Estado ya cuenta con herramientas legales para identificar operadores ilegales sin necesidad de extender responsabilidades penales a los desarrolladores de software y reafirmó su compromiso "con la legalidad, la transparencia y el desarrollo tecnológico bajo los principios de competitividad, libertad, diversidad e incubación".
Finalmente, enfatizaron en la importancia de garantizar condiciones equitativas para empresas nacionales, evitar la concentración económica y fomentar la innovación con pluralidad de proveedores.