Luego de solicitar a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) la renuncia a sus permisos de operación del casino de Viña del Mar, entre otras salas de juego de Chile, la empresa Enjoy informó que mantendrá con normalidad el funcionamiento durante tres años más y que cumplirá con los aportes e ingresos municipales ya comprometidos.
En un comunicado, la operadora del sector del juego en América Latina, aseguró que estos trámites regulatorios no afectan ni modifican de modo alguno el normal funcionamiento de los casinos.
Según informó el medio BioBioChile, son cerca de CLP 22.000 millones anuales que genera esta actividad, que son divididos entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Viña del Mar.
Al respecto, la concejal y presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico de Viña, Nancy Díaz, comentó: “Estamos haciendo las averiguaciones pertinentes después de esta declaración que nos da Enjoy, si realmente nos deja más tranquilos para poder contar con esos recursos, sin embargo, sabemos que aquí hay un nudo más importante”.
“Tenemos que poner en alerta a nuestras autoridades, porque no queremos colusión y no queremos ningún tipo de acuerdo entre paredes”, advirtió.
En tanto, desde el Municipio de Viña del Mar rechazaron la decisión de Enjoy, especialmente en un contexto de una serie de acusaciones de colusión que afectan la confianza en la industria, debido al impacto negativo que generaría en los ingresos municipales.
En lo que se refiere a la renuncia anticipada, Enjoy aclaró que es un recurso legal plenamente vigente y acorde con las atribuciones contenidas en los contratos suscritos por la empresa.
Por su parte, la SCJ aún no ha fijado la fecha para que el Comité Resolutivo evalúe el caso, ya que continúa analizando los antecedentes de cada sociedad involucrada.
Diego Valerio, presidente del Sindicato N1 del Casino de Viña del Mar, se refirió al decreto del Gobierno chileno, publicado a comienzos de 2025, que permite a los operadores de casino devolver sus licencias.
En este caso, expresó que el documento debió garantizar el principio de continuidad laboral.
“(…) Creemos que el decreto debió garantizar que las nuevas bases de licitación se garantizara el principio de continuidad laboral. Como el decreto no lo hace, nuestra federación está gestionando con la Dirección Nacional y Subsecretaría del Trabajo”, manifestó el gremialista.