Fecoljuegos rechaza que la industria del juego sea “beneficiaria de supuestos privilegios fiscales”

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) expresó su preocupación y rechazó las acusaciones del Ejecutivo de dicho país que insinúan que la industria legal de juegos de suerte y azar sea “beneficiaria de supuestos privilegios o subvenciones fiscales”.

Según el gremio presidido por Evert Montero, las declaraciones de integrantes del Gobierno colombiano en esa línea “carecen de fundamento técnico y desconocen la realidad económica y tributaria de un sector que opera bajo una de las estructuras fiscales más exigentes del país”.

“No resulta constructivo que, desde escenarios oficiales, se presenten argumentos que distorsionan los hechos y generan estigmatización sobre una industria formal, regulada y comprometida con el bienestar social y económico de los colombianos”, advirtieron.

A partir de ello, indicaron que el sector de juegos de suerte y azar no recibe subsidios ni exenciones especiales y que, por el contrario, es "un contribuyente sólido", con aportes que en 2024 superaron los COP 990.000 millones destinados a la financiación del sistema de salud, además de asumir obligaciones tributarias como IVA, impuesto sobre la renta, parafiscales y cargas impositivas locales.

“Reproducir narrativas contrarias no sólo es impreciso, sino que pone en riesgo la estabilidad de más de 150.000 empleos, favoreciendo la informalidad y la ilegalidad, que sí operan al margen de la ley y sin contribuir al país”, cuestionaron.

En ese contexto, la asociación hizo un llamado a que cualquier debate en materia fiscal se sustente en criterios técnicos, con transparencia y en un marco de respeto hacia los sectores productivos que cumplen con sus obligaciones, ya que la industria de juegos de suerte y azar "es parte activa de la solución fiscal del país, no un obstáculo ni un sector privilegiado".

Por último, Fecoljuegos reiteró su “disposición a participar en los espacios de discusión que el Gobierno y los órganos legislativos consideren pertinentes, con el firme propósito de construir una agenda tributaria sostenible, equitativa y basada en evidencia”.

“Para ello, es indispensable que el debate se base en datos reales y no en discursos imprecisos que afectan la reputación, la inversión y el empleo de un sector comprometido con la legalidad, la innovación y el desarrollo de Colombia”, concluyeron.