Mientras que los dos barcos ubicados en Puerto Madero siguen en funcionamiento pese a que el contrato de operación está vencido y judicializado desde 2020, se reactivó el debate sobre la concesión y crece la amenaza sobre la continuidad de la sala de juego.
Según un informe del medio iProfesional, el futuro es incierto para la concesión del casino de Puerto Madero, en tanto que la Constitución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admite dos opciones: el cierre de las dos salas de juego o la estatización.
Desde el sector sugieren que los dueños del Casino Flotante podrían obtener un “salvataje” del propio Gobierno nacional, que claramente no apoyaría una estatización, a través de un decreto que les permita continuar operando a pesar de tener el contrato vencido.
Cabe destacar que, desde el punto de vista legal, las autoridades nacionales tendrían las manos atadas para extender el acuerdo o darle el control del casino a otra empresa de juegos de azar para que explote los barcos.
Por su parte, fuentes del Gobierno porteño explicaron que la ciudad no tiene injerencia en el tema.
La polémica comenzó en 2019, cuando el entonces Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta iniciaba una disputa con los dueños del casino por la continuidad del contrato de concesión.
En ese marco, las autoridades de la Ciudad recurrieron a la Corte Suprema para poder ponerle fin a la concesión, apelando una cautelar que la sociedad dueña del buque consiguió en los tribunales para evitar que se termine el contrato y que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo firmó.
El contrato de concesión que tenían la española Nortia (50%), HAPSA (25%) e Invertclub (25%) con el Estado Nacional para la instalación y explotación de los dos barcos en Puerto Madero vencía en noviembre de ese año.
Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo, la empresa recurrió a la Justicia entendiendo que, en 2016, se habían modificado las reglas de juego, ya que, ese año, el entonces presidente Mauricio Macri junto con Rodríguez Larreta, avanzaron con el convenio de traspaso de las competencias del juego a la órbita de la Ciudad.
La cautelar sigue vigente, aunque fue apelada por LOTBA en diversas instancias sin suerte, ya que tanto en primera como en segunda se le dio la razón al casino. La lotería también elevó a la Corte un Recurso de Queja que hace dos años está “encajonado” en la Cámara Administrativa.
En tanto, fuentes de ALEARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, advirtieron sobre la posibilidad de que el fallo de la Corte Suprema vaya en contra del contrato y anticiparon posibles despidos masivos en ambos barcos.
Según el gremio, desde la empresa ya informaron sobre la desvinculación del 20% del personal, así como sobre la apertura de retiros voluntarios.