El Ministerio Público de Paraguay anunció la reapertura del proceso por presuntas irregularidades en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para posteriormente solicitar el sobreseimiento definitivo de seis personas procesadas por presuntas irregularidades en la entidad reguladora del juego en ese país.
Según medios locales, los fiscales Marcelo Saldívar y Daniela Benítez fueron quienes solicitaron la reapertura y requirieron el sobreseimiento, es decir, poner fin al proceso, al no detectar hechos punibles ni daño patrimonial al Estado en la concesión ni reducción en el costo del canon de explotación.
Entre los procesados se encuentran José Ortiz, extitular de Conajzar; Raúl Silva; Carmen Alonso, exdirectora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Omar Mongelos; Rubén Roussillon, exgobernador de Presidente Hayes; y Ricardo Núñez Giménez, exintendente de Villa Hayes y hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
José Ortiz
Los hechos por los cuales se les investigó fueron lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción, pues cuando se abrió el proceso en 2022, el Ministerio Público había detectado presuntas irregularidades en la concesión a la empresa Tecnologies Devenlopment of Paraguay (TDP SA) para la explotación de la Quiniela, así como en la autorización a la firma I-CROP SA para la explotación de máquinas tragamonedas y la reducción del 50% del canon en concepto de explotación de juegos de azar.
Tras las investigaciones realizadas, la misma entidad determinó que no se presentó perjuicio económico para el Estado ni tergiversación del derecho en las acciones realizadas.
En cuanto al delito de prevaricato, el Ministerio encontró que los funcionarios no tergiversaron el derecho, dado que en su momento, el proceso fue radicado por la Procuraduría General de la República, la Abogacía del Tesoro y la Presidencia de la República.
Carmen Alonso
En lo relacionado con el delito de usurpación de funciones públicas, se concluyó que tampoco se presentó, dado que los acusados actuaron bajo las atribuciones ordenadas en la Ley 1016/1997 y los decretos 6206/99 y 3083/15.
Finalmente, frente a las acusaciones relacionadas con la disminución del canon, los fiscales concluyeron que esta obedeció a la aplicación de un lineamiento otorgado por la Procuraduría, que en su momento ajustó ciertas medidas en el marco de la pandemia del Covid-19, con la finalidad de mitigar los riesgos económicos.
El Ministerio Público reveló a través de un documento, al que accedió el medio Última Hora, las decisiones frente al caso: “La postura adoptada por los entonces miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar ha sido ratificada por otros organismos que han determinado la regularidad de las actuaciones realizadas en el marco de la Licitación Pública N° 3/2019 que adjudica la concesión del juego denominado Quiniela”.