El proyecto de ley para legalizar los casinos se enfrenta a la fuerte oposición de la bancada evangélica

Como Yogonet informó ayer, el proyecto de ley (PL) para legalizar los casinos (en complejos turísticos, establecimientos turísticos y embarcaciones fluviales), el bingo y los juegos de azar atraviesa una intensa disputa política en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado.

Reprogramado para hoy (12), el PL 2.234/22 (antiguo PL 442/91) tiene un ponente favorable en el senador Irajá Silvestre (PSD-TO), en tanto el presidente de la CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), declaró que el proyecto será votado antes del receso parlamentario del 15 de julio. Sin embargo, esto no garantiza que el proyecto sea evaluado este miércoles, ya que ha sido aplazado tres veces y su discusión depende de varias piezas que se mueven en el tablero de la comisión. 

De ser aprobada, la propuesta pasará al pleno del Senado y esperará a ser puesta en agenda por el presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Hasta que sea votada, podrá recibir enmiendas y tendrá un ponente designado - Irajá probablemente continuará en el papel. El asunto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2022.

Senador Irajá Silvestre

Si se aprueba en el Pleno, pasa al Presidente de la República para su sanción. Si en esta fase hay cambios en el texto, el proyecto vuelve a la Cámara para una nueva evaluación y votación. A continuación, pasará al presidente para su sanción definitiva.

Oposición y "voto separado"

Pero para recorrer este camino, el PL 2.234/22 debe pasar primero por la resistencia de la bancada evangélica, cuyo mayor exponente es el senador Eduardo Girão (NOVO-CE). 

El editor del sitio especializado BNLData, Magnho José, tuvo acceso al "Voto Separado" que el senador presentó el 15 de mayo en la CCJ e hizo un análisis de lo que clasificó como "una pieza de ficción con groseros errores". Si el proyecto es rechazado por la CCJ, el voto de Girão será analizado y tiene el poder de archivar la propuesta, según Magnho.

Senador Eduardo Girão 

A continuación el análisis que brindó Magnho de los principales puntos: 

Blanqueo de dinero y evasión fiscal

Según el parlamentario, "el juego es un fenómeno extremadamente nocivo para la sociedad, ya que facilita prácticas como el blanqueo de dinero, la evasión fiscal, la elusión de ingresos, la corrupción de funcionarios públicos, el turismo (sexual) no cualificado, además de proporcionar un entorno favorable para la aparición de la ludopatía".

Los hechos

Esta asociación de blanqueo de dinero y evasión fiscal es una forma más que encuentran los actores políticos contrarios a la legalización para justificar una prohibición anacrónica. El juego no regulado lo agradece y continúa con normalidad en cada esquina sin generar inversión, empleo, impuestos ni protección para los ciudadanos.

Desde el punto de vista económico, es prácticamente imposible que una empresa de juego cometa al mismo tiempo los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Son dos delitos distintos con características diferentes: o se blanquea o se evade. Como se explica en el texto "El blanqueo de capitales y la evasión fiscal en las operaciones de juego vulneran la lógica económica".

Coste social

Según Girão, "legalizar los juegos de azar conllevará costes para la sociedad que superarán con creces cualquier beneficio. Además, los beneficios serán privados para las casas de apuestas, mientras que los costes los pagará toda la sociedad brasileña".

A los hechos

Parece que el senador vive en otro país. El juego en Brasil no va a empezar una vez que este sector haya sido legalizado por el Congreso. Ya existe una gran oferta de juego no regulado en Brasil y el sector público patrocina actualmente el tratamiento de los jugadores compulsivos a través de los Centros de Atención Psicosocial (CAPS).

Además, el proyecto de ley estipula que el 4% de los Cide-Juegos se destinará a financiar programas de salud y acciones relacionadas con el juego.

La opinión de las instituciones

Según el texto del Voto Particular, "representantes de instituciones de gran credibilidad, como la Policía Federal, la Secretaría de Ingresos Internos, el COAF y el Ministerio Público, ya han manifestado públicamente que Brasil no dispone de las herramientas teológicas [sic] para garantizar una fiscalización eficaz de una actividad en la que circula tanto dinero".

A los hechos

Otra de las tergiversaciones del senador es citar viejas manifestaciones de los órganos de control e ignorar la audiencia en la Fiscalía General de la República el 20 de febrero de 2020, cuando Eduardo Girão - acompañado por el senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) y el diputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) - fue recibido por el Fiscal General. Durante la reunión, Augusto Aras subrayó que la cuestión de la legalización es política y no jurídica, y que cualquier acción del MPF en este sentido sólo será posible si la propuesta, después de ser aprobada por el Parlamento, es inconstitucional (ver el informe en la página web de la PGR). Los opositores insisten en los falsos argumentos de que los órganos de control están en contra de la legalización del juego y citan a la PGR, el COAF, la Receita Federal y la Policía Federal.

Tratados internacionales para prevenir el lavado de dinero

El diputado cita que el texto no tiene en cuenta "las implicaciones internacionales de la legalización de los juegos de azar, en particular los compromisos asumidos por Brasil en los tratados internacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" y que el "texto del Proyecto de Ley 2234/2022, que vino de la Cámara de Diputados y fue aceptado en su totalidad por el ponente en esta CCJ, no se ajusta a estos compromisos internacionales, lo que podría dar lugar a sanciones o restricciones al país en el escenario económico mundial".

A los hechos

El Grupo de Trabajo sobre el Marco Regulatorio de los Juegos de Azar, creado por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), para actualizar la propuesta que, en 2016, tuvo el texto aprobado por una Comisión Especial, se ocupó de reunirse con el Procurador General de la República, Augusto Aras, y con representantes del Ministerio de Economía, de la Receita Federal, del Consejo de Control de las Actividades Financieras (Coaf) y de la Policía Federal. Durante estas reuniones, se recogieron importantes contribuciones que ayudaron a elaborar un texto moderno con alternativas para evitar que las actividades que componen este mercado sean utilizadas por el crimen organizado.

Tras la reunión con el COAF, se aceptaron las principales sugerencias y recomendaciones técnicas adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GAFI), como la identificación del apostador por CPF, el uso del cashless, el pago a través de PIX, la notificación obligatoria al COAF de los premios superiores a 10.000 reales y el mantenimiento de registros de las transacciones.

Según la legislación brasileña, una empresa de juegos de azar tendría los tipos impositivos de una empresa prestadora de servicios (IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e ISS/municipal) y a esta cantidad se añadiría el "impuesto sobre el juego" en la fiscalidad de esta actividad. Por lo tanto, blanquear dinero a través del juego, además de caro, es extremadamente arriesgado debido a los controles impuestos por los organismos reguladores.

El disparate de la regla 3:1

El diputado repite el disparate de que "legalizar el juego acarreará costes sociales considerables". Earl Grinolls, economista y profesor de la Universidad de Baylor (EE.UU.), ha señalado que por cada dólar recaudado por el juego, se gastan 3 dólares en gastos gubernamentales".

De hecho, este discurso del senador Eduardo Girão se basa en la tesis errónea del libro de los años 90 "Gambling in America - Costs and Benefits", del profesor de economía Earl Grinols, de que por cada dólar recaudado por el juego, se gastan tres en problemas sociales. Esta teoría es absurda y deshonesta, ya que no hay pruebas de la regla 3:1. "Si fueran ciertas, las principales naciones ya habrían prohibido el juego en sus ordenamientos jurídicos. Los expertos que crearon esta y otras 'pruebas' fueron financiados en los años 90 por iglesias y movimientos antijuego en Estados Unidos", declaró a BNLData un profesor de la Universidad de Las Vegas.

La MP 168/2004 fue aprobada y convertida en ley

Sería posible rebatir toda la información contenida en el documento, pero la principal que descalifica el informe del senador Eduardo Girão es cuando afirma que "cabe recordar que el cierre de los centros de bingo en 2004 mediante la Medida Provisoria nº 168/2004, una iniciativa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convertida en Ley nº 10. 846/2004, fue el resultado de una serie de investigaciones y denuncias que apuntaban a la existencia de una estrecha relación entre los establecimientos de bingo y la práctica de actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, revelando un escenario de ilegalidad e inmoralidad que exigía la intervención urgente y eficaz del Estado".

A los hechos

De hecho, el problema se originó con la publicación por la revista Época de un vídeo en el que el ex asesor de la Casa Civil Waldomiro Diniz negociaba sobornos con un empresario del sector del juego.

La Medida Provisoria 168/04 fue decidida, redactada y firmada entre las 10h y las 23h del viernes de Carnaval, 20 de febrero de 2004, y publicada en una Edición Extra del Diario Oficial de la Unión, en un claro intento de contener la crisis en la que estaba sumido el Gobierno Federal, más concretamente la Casa Civil.

Bastó una búsqueda en Internet para descubrir que, después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, el 5 de mayo de 2004 el Senado Federal rechazó la Medida Provisional 168/04 -por 32 votos contra 31- por considerar que no cumplía los requisitos constitucionales de pertinencia y urgencia, eliminando así la prohibición impuesta por la medida provisional.

Además, otro craso error demuestra la incompetencia en la manipulación de la información, ya que la citada Ley 10.846/2004 prevé el Fondo de Financiación Estudiantil para la Enseñanza Superior.

Esto demuestra que asistimos a una falsedad auspiciada por el parlamentario -que siempre puntualiza sus discursos con el "compromiso con la verdad"- con el objetivo de que el juego siga prohibido e ilegal. Recordando que la "industria de la prohibición" es una actividad muy lucrativa, es preocupante que actores políticos, organizaciones, evangélicos, católicos e incluso un frente parlamentario opuesto a la legalización de los juegos de azar en Brasil lideren el lobby para mantener esta actividad ilegal.

La oposición ecuménica que critica la posibilidad de legalizar el juego debería reflexionar sobre el hecho de que los beneficios positivos del juego legal superan con creces las desventajas propuestas por cualquier persona o grupo contrario a esta actividad.